Sumar se refuerza en el Gobierno tras ganar los pulsos del salario mínimo, las armas a Israel y la reducción de jornada

La muerte del papa Francisco justo a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y la ausencia de actividad en el Congreso ayudaron a instaurar una sensación de letargo muy poco habitual en la política española. Duró exactamente 24 horas. El plan unilateral de aumento millonario del gasto militar impulsado por la parte socialista del Gobierno y una compra de armamento del Ministerio del Interior a empresas israelíes ocasionaron un incendio en el seno de la coalición resuelto finalmente con la cancelación de ese contrato, una victoria de los postulados de Sumar. Y es ya la tercera ocasión en la que el socio minoritario impone sus posiciones en los últimos meses y sale airoso de varias escaramuzas enconadas con el PSOE para tomar aire después de un primer año de legislatura con muchos problemas para tomar la iniciativa política. 

Antes del de esta semana, Yolanda Díaz había tenido ocasión de apuntarse otros dos tantos políticos sonados para su cartera de Trabajo. El primero de ellos fue fruto de una disputa con el Ministerio de Economía. La reducción de la jornada laboral enfrentó a los departamentos de la vicepresidenta segunda y de Carlos Cuerpo, algo ya habitual también en tiempos de Nadia Calviño. En ese roce, Díaz llegó a decir públicamente que era “de ser mala persona” poner reparos a reducir el número de horas de trabajo, en referencia poco velada al ministro económico. Tras varios tiras y aflojas, Sánchez dio el visto bueno a una medida que pasará este próximo martes por el Consejo de Ministros en segunda vuelta.

Aún más encarnizada resultó la batalla política entre Trabajo y Hacienda a cuenta de los impuestos que han de pagar los empleados que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI). El mismo día que se aprobó la subida para 2025, el departamento de María Jesús Montero anunció en contra del criterio de Yolanda Díaz que este año, por primera vez, sí pagarían IRPF los trabajadores que perciben el SMI. El choque fue sonado en público y en privado y llegó incluso a desembocar en intenciones de vetos y contra vetos parlamentarios entre socios. Después de varias semanas con Montero aferrada a su decisión de mantener el IRPF, Moncloa volvió a ordenar que imperaran los postulados de Sumar y Hacienda dio marcha atrás con una exención específica.

En ese contexto, los partidos de Sumar no dudan en defender la importancia de mantener un Gobierno de coalición progresista, mucho más aún cuando ahora que están fuera desde Podemos ponen cada día en cuestión su utilidad. Pero esta semana, por primera vez en la legislatura, hay quien desde dentro coqueteó con la hipótesis de cuestionar la continuidad. Lo expuso Izquierda Unida, muy enfadada por la decisión de Pedro Sánchez de llevar al Consejo de Ministros un plan de rearme de 10.471 millones de euros que rechazan y más aún con la compra de munición por parte de Interior a empresas israelíes. 

Tras conocer la noticia de que el departamento de Fernando Grande-Marlaska había formalizado en plenas vacaciones de Semana Santa un contrato de más de 15 millones de balas por valor de más de 6 millones de euros, Izquierda Unida empezó a hablar en público de una crisis en el Gobierno mientras algunos dirigentes deslizaban que todos los escenarios estaban abiertos. Incluso la salida del Gobierno. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la cuota de IU en el Ejecutivo, envió una carta al ministro en el que solicitaba una auditoría y pedía su comparecencia en el Congreso. 

Poco después, el líder de la formación, Antonio Maíllo, pidió responsabilidades al ministro y aseguró que si no rectificaba debía dimitir. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se puso en contacto con Pedro Sánchez y con el propio Marlaska para exigirles una rectificación. Las estrategias entre Díaz y Maíllo no estuvieron coordinadas, pero terminaron surtiendo efecto el jueves por la mañana, cuando el presidente ordenó arreglar el asunto: desautorizó a su ministro del Interior y le pidió que cancelara la compra. Una nueva victoria para Sumar.

Moncloa relativiza el choque

En la Moncloa, mientras, admiten el error político del Ministerio del Interior y lo inoportuno de que el polémico contrato saliese a la luz justo el día después de la comparecencia del presidente en la que anunció el millonario plan de Defensa. Pero aseguran asistir desde otra óptica al ruido generado en torno a la relación con Sumar. En la parte socialista del Ejecutivo, de hecho, no hay nadie que piense que haya existido ni la más mínima posibilidad de que la coalición se quebrase.

Según las fuentes consultadas de ambos equipos, la interlocución de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha sido constante durante la semana en busca de una solución. Y en esas conversaciones se ofrecieron “las máximas garantías”, según esas mismas fuentes, de que la sangre no llegaría en ningún caso al río a pesar del tono de las declaraciones públicas.

Desde el entorno más cercano al presidente se relativiza, además, la presión ejercida por Sumar. Que respetan, aseguran, pero que no consideran que haya resultado determinante para la decisión final de Pedro Sánchez. Lo que explican en su equipo es que la compra de armas a Israel no solo suponía un incendio político más ni un problema de convivencia entre socios, sino que implicaba un desgaste más personal. Como líder europeo que ha impulsado el reconocimiento del estado palestino y ha reprendido expresamente al régimen de Netanyahu, un contrato millonario que nutre las arcas de quien perpetra una masacre en Gaza suponía minar la credibilidad de su discurso internacional. Habida cuenta, además, de que también había hecho suya la promesa de no comprar ni vender armas a Israel y de finiquitar cualquier acuerdo de ese tipo.

Sumar trata de superar las tensiones internas

Estas victorias de Sumar dentro del Gobierno han servido a sus dirigentes para reivindicar la importancia de mantener la coalición progresista y para tomar algo de aire después de un primer año de legislatura aciago en el que han vivido la escisión de Podemos en la coalición, su declive en las encuestas y el fracaso de Sumar como plataforma para agrupar al resto de partidos. 

Los malos resultados electorales y la falta de democracia interna generaron en los últimos meses una miríada de tensiones que se han ido encauzando tras la renuncia de Yolanda Díaz como líder orgánica del espacio y la reestructuración de la coalición, con Movimiento Sumar reconvertido en un partido que ya no aspira a ser hegemónico entre el resto. 

Los partidos de la coalición han conseguido encontrar un esquema de diálogo más o menos estable en los últimos meses, con reuniones puntuales de los principales dirigentes, con diputados del grupo y los ministros y otros encuentros más estructurales como el que se celebró esta semana para tratar la situación política tras las tensiones con el PSOE.

A esas reuniones acuden los partidos que formaron parte de la idea inicial de Sumar como frente amplio: además del partido que lideran Lara Hernández y Carlos Martín, Izquierda Unida, Más Madrid, los comuns y Verdes Equo, aunque no Iniciativa del Pueblo Andaluz, que no ha sido invitada a estas últimas reuniones. Pero también formaciones del grupo parlamentario como Compromís, Més o Chunta Aragonesista, que renuncian a incorporarse a espacios más amplios orgánicos pero que sí participaron en la alianza electoral del 23J. 

Ese diálogo abierto, sin embargo, no consigue a veces aplacar las diferencias estratégicas de las diferentes formaciones, como se comprobó esta semana, con una Izquierda Unida mucho más dura en el tono de lo que le habría gustado a la parte de la coalición más alineada con Yolanda Díaz. Tanto la vicepresidenta segunda como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se esforzaron por asegurar esta semana que el Gobierno de coalición no corría peligro.