¿Hasta 5% de sus ingresos? Este país de América Latina multará a medios que difundan propaganda extranjera
En un paso que podría redefinir el panorama de las telecomunicaciones en América Latina, el Gobierno de México impulsa una reforma legal que establece sanciones económicas de entre el 2% y el 5% de los ingresos totales anuales para los medios de comunicación —radio, televisión y plataformas digitales— que transmitan propaganda política, ideológica o comercial de Gobiernos extranjeros. La iniciativa, promovida por la administración de Claudia Sheinbaum, busca restringir la injerencia extranjera en los contenidos que circulan por los medios mexicanos, en respuesta a recientes campañas políticas originadas fuera de México.
De aprobarse en el Senado la próxima semana y ser ratificada en la Cámara de Diputados de México, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impondrá una vigilancia más estricta sobre los concesionarios de medios, además de asignar nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital (ATD).
¿Qué contempla la reforma para medios de comunicación en México?
La propuesta legislativa prohíbe expresamente la difusión de propaganda extranjera en medios nacionales, salvo aquella con fines turísticos o culturales. “Se sancionará con multa por el equivalente de 2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador o plataforma digital por […] incumplir la prohibición de publicidad establecida en el artículo 210 de la ley”, se indica en el proyecto. Este artículo restringe la transmisión de cualquier contenido político o ideológico de entidades extranjeras.
El Gobierno mexicano ha explicado que la medida responde a la reciente emisión, por parte de cadenas mexicanas, de una campaña antiinmigrante de Estados Unidos, donde se observa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtiendo que quienes ingresen ilegalmente a ese país serán “cazados” y deportados. “No esperaremos mucho tiempo. No dejaré que esto descarrile la recuperación de la empresa”, respondió un alto ejecutivo de Televisa tras la controversia.
¿Cuáles serían las implicancias económicas para los grandes medios?
Las sanciones podrían tener un impacto significativo, en especial para los principales concesionarios del país. Televisa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, registró ingresos por 62.261 millones de pesos en 2024. En caso de infracción, la empresa podría enfrentar multas de hasta 3.113 millones de pesos. Por su parte, TV Azteca, que dejó de cotizar en la Bolsa, reportó ingresos por 15.100 millones de pesos en su último ejercicio registrado, lo que equivaldría a una sanción máxima de 755 millones de pesos.
Fuentes del Ejecutivo federal confirmaron al diario El País que representantes de los grupos mediáticos han mostrado su rechazo al proyecto, principalmente por la magnitud de las multas y por no haber sido consultados durante la redacción de la propuesta.
¿Qué cambios trae la creación de la Agencia de Transformación Digital?
La reforma también transforma el aparato institucional encargado de administrar el espectro radioeléctrico. La Agencia de Transformación Digital (ATD), encabezada por Pepe Merino, reemplazará al desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y asumirá competencias clave como el otorgamiento de concesiones, la planificación del uso del espectro, la supervisión de emisiones y la imposición de sanciones.
Según la iniciativa, el espectro radioeléctrico será considerado una prioridad pública. “Su adecuada administración garantizará la disponibilidad de este recurso para atender la creciente demanda de comunicación inalámbrica”, señala el documento. También se subraya que este nuevo marco busca fomentar la innovación, cerrar la brecha digital y mejorar el acceso equitativo a los servicios digitales.
El texto aclara que los concesionarios conservarán sus libertades editoriales, programáticas y de expresión. Además, se establece que no existirá censura previa y que se garantizarán los derechos de las audiencias mediante mecanismos de protección a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).