Francia aprueba ley antidrogas: cárceles de máxima seguridad, infiltrados civiles y escuchas remotas
París, Francia. El Parlamento francés aprobó este martes una ley para reforzar la lucha contra el narcotráfico, que incluye un nuevo régimen penitenciario inspirado en las leyes antimafia italianas.
La ley se adoptó días después de varios ataques coordinados contra cárceles y tras la captura en febrero del narco Mohamed Amra, cuya espectacular fuga en 2024 costó la vida a dos agentes.
Francia registró en los últimos años una fuerte violencia vinculada al tráfico de drogas. En 2024, dejó 110 muertos y 341 heridos, así como 367 asesinatos o intentos de asesinato.
“Esta ley supone un paso decisivo en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales”, destacó el ministro del Interior, Bruno Retailleau, para quien los agentes podrán actuar ahora “en igualdad de condiciones”.
Tras el visto bueno del Senado el lunes, la Asamblea Nacional (cámara baja) lo aprobó este martes con el voto en contra de los diputados del partido de izquierda radical La Francia Insumisa.
La izquierda alerta del riesgo de que se vulneren las libertades públicas o el derecho de la defensa, por lo que prometió que recurriría la ley ante el Consejo Constitucional francés.
Una de sus medidas centrales es la creación a partir de enero de 2026 de una fiscalía nacional contra el crimen organizado (Pnaco), a imagen de la antiterrorista (Pnat).
Francia creará además prisiones de alta seguridad para los narcos más peligrosos. La primera de las dos anunciadas abrirá sus puertas a finales de julio en Vendin-le-Vieil, en el norte de Francia.
Este régimen inspirado de las leyes antimafia italianas prevé cacheos controlados en caso de un contacto físico sin la vigilancia de un agente, y acceso restringido a celulares.
Los narcos “arrepentidos” podrán ver reducida su condena en hasta dos tercios si colaboran con la justicia, y se creará un estatuto de “infiltrado civil” para aquellos que quieran ser informadores remunerados.
Una de las medidas más criticadas por la izquierda y por los abogados es la creación de expedientes policiales separados para no divulgar ciertas informaciones de la investigación a los traficantes y a sus letrados.
La legislación permite además el uso de inteligencia algorítmica y la activación a distancia de dispositivos electrónicos para realizar escuchas sin el conocimiento de su propietario.
Los prefectos podrán decidir también el cierre administrativo de empresas sospechas de blanqueo de capitales, por un período de hasta seis meses prorrogable.