Fiscal Cooper por “pinchazo” a Crispi: “Había fundamentos y lo autorizó un tribunal”
El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, afirmó que el “pinchazo” al celular del exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, estaba autorizado por un tribunal. Y aunque la intervención se enmarcaba en el caso ProCultura, destapó el caso de la compraventa de la casa del exresidente Salvador Allende.
En un video, el fiscal dijo que la información filtrada estaba “en la carpeta investigativa del mes de enero, o sea, hace más de casi cinco meses atrás. Se entregaron copias la semana pasada a los intervinientes y la intervención telefónica del señor Crispi estaba autorizada por un tribunal de la República”.
“Eso es lo que yo puedo indicar al respecto y en base a conversaciones que lamentablemente se han hecho públicas, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación que se denomina el caso por la compra fallida de la casa del expresidente Allende y el fiscal nacional decidió que la Fiscalía Regional de Coquimbo llevara a esa investigación”, añadió.
En cuanto a las críticas del Frente Amplio, respondió que “me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos, no se cuestiona las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo, etc. Hay controles cruzados”.
También expresó que “una de las preguntas que se hacen muchas de las personas es quién controla a los fiscales, bueno, los jueces de garantía. El trabajo del Ministerio Público es esencial en el sistema acusatorio que tenemos. Controles cruzados. El Tribunal de Garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento y la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas”.
Además, aseveró que la fiscalía tenía “fundamentos para solicitar la intervención. Así lo solicitamos y nos fue otorgada por el Tribunal de Garantía en uso legítimo de las funciones o de las responsabilidades y atribuciones de un juez de garantía”.