La Corte Suprema ratificó la condena contra un exintendente K por un insólito robo
La Corte Suprema de Justicia dejó firme hoy la condena de seis años y medio de prisión dictada contra un exintendente por el robo de 228 caños que pertenecían a un inconcluso gasoducto que hubiera servido para importar gas desde Bolivia.
Se trata de al ex intendente de Aguaray, una localidad casi fronteriza, a medio camino entre Yacuiba y Tartagal. Jorge Enrique Prado fue sentenciado, en su carácter de jefe comunal, a seis años y medio de prisión efectiva, junto a dos empresarios, por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.
La causa, que se tramitó bajo el sistema acusatorio que rige en la provincia de Salta desde 2019, investigó la sustracción durante el período que va de diciembre 2019 a abril de 2020 de alrededor de 228 caños del gasoducto pertenecientes al Estado Nacional.
El gasoducto previsto, pero nunca concretado era una obra que -según afirmó la acusación- costaba de $2.000.000.000 y que beneficiaría a 1.700.000 habitantes.
Este plan consistió en la redacción de la Resolución Municipal N°1.215, la cual fue urdida con el único fin de darle "ropaje legal" al traslado de los bienes que tenían proyectados saquear de una planta petrolera instalada en la finca de Ñacatimbay, en la localidad de Aguaray. Ello se frustró por la resistencia del administrador de esa propiedad, dijo la acusación.
Esta maniobra les permitió el robo de 67 caños, pero volvió a naufragar el 7 de febrero de 2020, cuando se produjo el primer procedimiento y secuestro de un camión con caños robados del gasoducto. Ello derivó en que el ex intendente y el empresario mendocino volvieran a reorientar el saqueo, esta vez hacia el paraje El Desemboque.
Para el tribunal de Salta, Prado, Alos y Vera fueron los principales responsables del robo de 228 caños, aunque no descartaron -como lo señaló la fiscalía- que hayan sido más.
En su acusación la fiscalía pidió las condenas al considerar que el saqueo de caños del Gasoducto fue uno de los mayores casos de corrupción en torno a una obra del Estado Nacional en la zona. El veredicto se conoció en diciembre del 2021.
El Tribunal Oral de Juicio Nro. 2 de Salta condenó así al exintendente Prado a 6 años y 6 meses de prisión y los empresarios Diego Andrés Alos y Adrián Antonio Vera recibieron penas de 6 años y 3 meses y de 6 años y 8 meses, respectivamente.
Intendente condenado
En julio del 2022, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas.
La defensa de Prado presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revisara en queja su condena: sostuvo que debió haberse declarado la nulidad de lo actuado desde el inicio del juicio oral, acusó a uno de los imputados-colaboradores de falso testimonio, cuestionó la calificación legal y reclamó la revisión integral de la pena.
El Tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la apelación de la defensa por considerarla inadmisible.