Advierten que proyecto de Milagros Jáuregui busca censurar las protestas
La Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso aprobó el polémico proyecto de ley nº 3383/2022-CR que propone modificar dos leyes clave: la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867) y la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos (Ley 31199).
¿Con qué propósito? Prohibir la exhibición de manifestaciones artísticas o culturales, u otros actos de contenido violento o de connotación erótica u obscena que afecten el desarrollo integral de niños y adolescentes.
Ante esta situación, especialistas advirtieron que esta medida podría limitar actividades ciudadanas legítimas como marchas, performances o concentraciones bajo el argumento de proteger a menores o mantener el “orden”.
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Censura oculta
Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex, dijo a La República que esta medida representa un riesgo, ya que busca censurar diversas formas de expresión artística en el espacio público, como protestas y movilizaciones, bajo el argumento de proteger a menores de edad.
“Esta iniciativa tiene un objetivo central: censurar los distintos actos de expresión artística en el país. Diversos sectores y artistas utilizan diferentes formatos para manifestar sus protestas e indignación. No podemos permitir un proyecto de ley que atenta directamente contra la libertad de expresión”, afirmó.
Asimismo, alertó que el proyecto se inserta en un contexto de creciente criminalización del arte y la protesta. Informó que uno de los casos más recientes involucra a una artista que es investigada por representar a la presidenta de la República en una performance, lo que evidencia cómo se sancionan expresiones simbólicas.
Desde esta perspectiva, señaló que la norma propuesta podría facilitar interpretaciones arbitrarias que permitan censurar manifestaciones ciudadanas como la Marcha del Orgullo, si estas son consideradas “obscenas” o “eróticas” por determinados sectores. "Esto no responde realmente a una protección de la infancia, sino que representa un retroceso en el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la protesta pacífica".
Para Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, se trata de un proyecto de ley inconstitucional que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica. “Esta norma limita a expresar opiniones, sentimientos o posturas”, anotó.
Además, advirtió que la amplitud del proyecto de ley podría poner en riesgo tradiciones culturales de comunidades que realizan presentaciones públicas en plazas o calles, especialmente en contextos festivos como los carnavales. Mencionó que estas expresiones, que muchas veces remiten a los orígenes e historias de los pueblos y provincias, podrían ser cuestionadas o restringidas bajo criterios ambiguos establecidos en la norma.
"Esta ley, impulsada por una parlamentaria con una visión conservadora, responde a una postura ideológica que no toma en cuenta los marcos normativos nacionales e internacionales que respaldan el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Diversas relatorías especiales han enfatizado en reiteradas ocasiones la importancia de garantizar estos derechos como herramientas fundamentales para combatir la discriminación, enfrentar los discursos de odio y promover el respeto mutuo y el diálogo en igualdad de condiciones".