Díaz carga contra la OPA de BBVA al Sabadell: "Hay que parar el oligopolio financiero"
Tras la aprobación con condiciones de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las presiones desde el Gobierno han empezado para buscar una justificación para el rechazo. Así, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto hoy la veda y ha oficializado su "no" a la operación, exigiendo paralizarla en el Consejo de Ministros.
En declaraciones a TVE, Díaz ha calificado la decisión de Competencia como una "muy mala noticia" porque lo que hace es "reforzar todavía más el oligopolio financiero que existe en España y agudizar el riesgo sistémico del que ya ha alertado la Comisión Europea".
A continuación ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se ponga "del lado del bien común", al considerar que va a tener "una afectación muy negativa al empleo, a los servicios públicos y a la situación económica de España". En concreto ha enumerado los efectos nocivos que según la ministra va a provocar esta operación: "5.000 despidos, exclusión financiera en muchos territorios y daño para clientes, autónomos y pymes, a los que se les van a encarecer los créditos". Y ha lanzado un nuevo guante retador contra los empresarios: "A ver qué dice la patronal de esto".
La vicepresidenta ha reiterado varias veces el peligro los riesgos sistémicos de la excesiva concentración bancaria que de puede producir y denunció que "cada vez más zonas de España se quedan sin sucursales bancarias", por lo que ha dicho que hay que poner freno a este tipo de operaciones.
La Comisión consideró ayer que los compromisos presentador por BBVA en caso de que prospere su oferta de compra sobre el Sabadell son "adecuados, suficientes y proporcionados" para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia. Por este motivo, autorizó ayer la operación una vez concluida la investigación en segunda fase, por lo que ahora deja la resolución final en manos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que decida si procede elevarlo al Consejo de Ministros que, en su caso, podrá valorar la operación atendiendo a criterios de interés general.