La Junta de Andalucía ha paralizado la construcción de tres urbanizaciones ilegales en San Isidro del Guadalete en Jerez de la Frontera gracias a los precintos y órdenes de suspensión de uso en 36 parcelas o edificaciones que se estaban levantando sobre un suelo clasificado por el PGOU como no urbanizable de especial protección. La inspección urbanística de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto en marcha este operativo asistido por la Guardia Civil y la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma y con la colaboración de responsables de la protección del dominio público hidráulico, técnicos de Endesa y de la comunidad de regantes de Guadalcacín. La Junta ha actuado en un conjunto de espacios forestales cercanos al río y en zonas con valores naturales y paisajísticos en el entorno de la Cartuja . El operativo desplegado ha actuado sobre tres parcelaciones que ocupan una superficie de más de cinco hectáreas y que han sido divididas en cinco, 15 y 16 lotes respectivamente. Según ha explicado, sobre las mismas se han realizado recientemente obras de urbanización ilegales consistentes en caminos, fosas sépticas y suministros de agua y se estaban instalando las primeras edificaciones, en su mayor parte prefabricadas. Los actos, llevados a cabo sin licencia urbanística, son constitutivas de parcelación urbanística en suelo rústico, expresamente prohibidas por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad en el Territorio de Andalucía (Lista), que las tipifica como una infracción muy grave contra la ordenación del territorio. Estas construcciones ilegales fueron denunciadas a la Inspección Autonómica por la Guardia Civil. A partir de ahí, se realizó una importante labor coordinada de investigación para garantizar el buen fin de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad. Para esta nueva actuación, se ha citado a medio centenar de personas aproximadamente, con objeto de asegurar la proporcionalidad de las medidas. La Junta ha recordado que los hechos denunciados, además, pueden ser constitutivos de delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por lo que se ha procedido a dar cumplido traslado a la Fiscalía especializada en delitos sobre el medio ambiente y el urbanismo de todas las actuaciones urbanísticas detectadas. Esta intervención se ha llevado a cabo en el marco del Plan General de Inspección de la Junta de Andalucía 2023-2026 y al amparo del marco normativo generado por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) y su reglamento, que ha supuesto un refuerzo de la inspección autonómica, que ahora sí puede ejercer competencias directas frente a infracciones de carácter territorial en suelo rústico, ha recordado la Junta, que ha señalado que este cambio le permite actuar de manera preventiva y aumentar el número de actuaciones para preservar el territorio. Asimismo, ha indicado que el balance de actuaciones de la Junta en materia de inspección urbanística y ordenación del territorio cerró con un récord de 2.149 actuaciones en 2024 , destacando los casi 500 precintos y, sobre todo, el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018. La Junta ha recordado que esta es la segunda operación que se desarrolla este año en Jerez de la Frontera , ya que precintó el pasado 26 de febrero 21 parcelas ilegales en el ámbito de Lomopardo, en una superficie de 5,7 hectáreas de preservados por su valor paisajístico y en zona inundable. Tras la intervención acometida, no sólo se logró detener el proceso parcelatorio, sino que gran parte de los propietarios han manifestado su voluntad de reposición e incluso han procedido ya a la retirada de edificaciones, construcciones o instalaciones y a la restitución al estado original de los terrenos. La Junta ha recordado que durante la inspección realizada ya se advirtió a los interesados del riesgo de inundación que presentaba el suelo donde se situaban las parcelas, circunstancia que se acreditó tras las intensas lluvias de marzo y el desbordamiento del río , ya que la zona precintada quedó totalmente anegada. De esta forma se pone de manifiesto que la labor preventiva que se desarrolla con la inspección urbanística tiene entre sus objetivos velar por la seguridad de las personas frente a los riesgos naturales, ha concluido la Junta.
