Por segunda vez consecutiva, España ha empezado la semana lidiando con la anormalidad. Este lunes no ha sido un apagón eléctrico generalizado, pero sí una interrupción importante en la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla. En el caso del tren, la escena se repite con una frecuencia tan preocupante como inaceptable : pasajeros varados en estaciones, trenes detenidos en mitad del trayecto, información confusa o inexistente y una sensación de caos que se extiende como una mancha sobre nuestra reputación. Lo ocurrido el domingo, con el colapso de la línea por el robo de unos cables de cobre, es solo el último episodio de una serie de fallos que revelan una verdad incómoda: en España, hoy por hoy, tomar un tren puede ser una lotería. El país debe evitar que esta sensación se apodere del resto de los servicios que ofrece. El ministro Óscar Puente habla de sabotaje . Las compañías implicadas deslindan responsabilidades. Los partidos piden comisiones de investigación. Pero mientras se lanzan dardos cruzados en los despachos, miles de viajeros —entre ellos turistas, profesionales, familias enteras— sufren las consecuencias en tiempo real: pérdidas económicas, planes arruinados, frustración acumulada. Y lo que es más grave aún: una creciente desconfianza en el medio de transporte que debería ser el estandarte de la movilidad moderna, eficiente y sostenible. España vive —y vive bien— del turismo. Representa, según los cálculos, entre el 8 y 12 por ciento del PIB y sostiene millones de empleos. La llegada del AVE a diferentes puntos de la geografía nacional no solo ha dinamizado ciudades intermedias, sino que ha creado una red de conexiones que muchas veces compite en eficiencia con el transporte aéreo. Pero esa fortaleza puede convertirse en debilidad si el sistema se ve lastrado por una cadena de imprevisibilidades que van desde los robos hasta los fallos técnicos o la descoordinación operativa. No es admisible que el servicio ferroviario de un país del G-20 pueda caer como un castillo de naipes ante una incidencia puntual. No lo es para el viajero nacional y mucho menos para el turista extranjero, que espera encontrar en España no solo sol y cultura, sino también fiabilidad en los servicios básicos. La experiencia del visitante empieza en el aeropuerto y continúa en las estaciones: ahí se juega parte de la imagen-país. Si el turismo quiere subir en la cadena de valor, superando el modelo de sol y playa y asumiendo servicios más complejos relacionados con la cultura y el ocio, precisa que los servicios básicos, desde los trenes hasta los sistemas de pago telemáticos, funcionen correctamente y permitan crear productos más sofisticados. Tan decisiva es esta tarea que hay algunos ministerios, como los de Transportes y Movilidad o Industria y Turismo, que deben tener al frente gestores acreditados, metidos de hoz y coz en las obligaciones de su cartera. Desgraciadamente, Óscar Puente, el titular de Transportes elegido por Pedro Sánchez, no tiene ese perfil. Se trata de un 'guerrero mediático' que tiene aptitudes para sembrar la discordia, para confrontar con los contratistas, las empresas o los alcaldes y para crear mucho ruido en las redes sociales, rebasando no pocas veces el insulto y la descalificación personal. Esta tarea debe ser muy útil para su jefe, el presidente del Gobierno, pero no lo es para el resto de los españoles y menos para la economía del país. No basta con señalar culpables. Se necesita un refuerzo real de la seguridad, protocolos de contingencia eficaces, coordinación entre compañías y, sobre todo, un mensaje claro: que el tren volverá a ser lo que tiene que ser, una garantía de buen servicio, no una ruleta rusa.
