Verea acusa a Raxoi de encargar «29 viajes de VTC ilegales» y exige responsabilidades

Los VTC han sembrado la polémica en Raxoi, y no precisamente por una normativa que no guste a los vecinos. Es la gestión interna del propio concello la que está en el punto del mira por la contratación de hasta 29 viajes a una empresa de vehículos con conductor para que realizasen unos traslados, a todas luces y según la denuncia del PP local, «ilegales» dentro del municipio. A las primeras dudas sobre esos traslados, producidos el pasado mes de marzo en el marco de un encuentro celebrado por Cidades Patrimonio , el Gobierno liderado por la nacionalista Goretti Sanmartín respondió indicando que personal del consistorio «comunicó» a la empresa Farocars «la información facilitada por la agencia de viajes» para que organizasen un total de 29 traslados dentro del contexto del citado foro. Insistiendo, siempre, en que solo había facilitado el contacto de la empresas al Grupo Ciudades Patrimonio. Para los populares, sin embargo, cada uno de estos viajes -detallados en un documento hecho público este lunes- suponen un quebrantamiento de la normativa del propio concello. Para explicarlo se remontaron a un incidente detectado por la Xunta durante la celebración del citado foro. Fue el pasado mes de marzo cuando el Gobierno gallego emitió un aviso al Ayuntamiento de Santiago en el que se informaba de la identificación en un control a un vehículo con autorización de VTC . El conductor mostró un contrato en el que figuraba como arrendatario del servicio prestado el Departamento de Protocolo del Ayuntamiento de Santiago. Sin embargo, este traslado no estaría permitido porque la normativa local prohíbe a este tipo de vehículos realizar viajes dentro del propio término municipal. A raíz de esa denuncia, los populares exigieron más información y tirando del hilo, llegaron a los 29 viajes de la polémica. Verea afirmó ayer que las multas por no cumplir con la norma que regula a los VTC en la capital gallega «pueden estar en una horquilla de 60.000 a 180.000 euros» y se preguntó «si el concello se va a multar a sí mismo». «No podemos permitir que el Concello encargado de hacer cumplir las normas sea el primero que las incumple, y además de una manera tan grotesca, con esa actitud de impunidad, chulesca y soberbia , mintiendo descaradamente a la ciudadanía». afeó ayer el líder de los populares compostelanos. También exigió responsabilidades a la alcaldesa, a la que acusó de «incumplir las normas que exige a los demás». Sanmartín entró al trapo y justificó que «no existe ningún contrato por parte de este gobierno», cuya responsabilidad limita a colaborar con la asociación organizadora. Tras negar su papel en los hechos, la alcaldesa reconoció que hay «un vacío legal» con respecto a los vehículos con conductor que «no está regulado». «Estamos en una situación de paralegalidad o alegalidad» afirmó en un intento por restar valor a las acusaciones de la oposición, que ayer pidió respuestas y aclaraciones.