Una OPA bien vale 37,5 semanas
Regalo de cumpleaños. Yolanda Díaz celebró ayer sus recién estrenados 54 años con la aprobación en el Consejo de Ministros de su medida estrella para esta legislatura. La reducción de la jornada laboral de las 40 a las 37 horas y media vio la luz tras meses de resistencias en el seno del Gobierno y tendrá ahora que enfrentarse a la siguiente pantalla, la del Congreso de los Diputados. La negociación se anticipa compleja. Los de Carles Puigdemont están dispuestos a hacer valer sus siete votos, a demostrar que todo pasa por Waterloo, hasta donde han peregrinado con escaso éxito líderes sindicales como Pepe Álvarez para tratar de seducir al líder posconvergente.
En Moncloa defienden que todavía «hay margen» para el acuerdo, pese a que Junts haya anunciado una enmienda a la totalidad del texto antes incluso de que se aprobara oficialmente. El movimiento lo atribuyen, fuentes gubernamentales, a la coreografía que acompaña a toda negociación, no exenta de pisotones de mal bailarín. Una postura de máximos que se va acotando –«hilando fino»– hasta llegar a vender como un triunfo su rediseño a conveniencia. La propia Díaz ya ofrece a Junts que module la ley en el trámite parlamentario, que la haga suya, con tal de conseguir su apoyo. Esta iniciativa es más que un avance laboral, es oxígeno político para un proyecto político, el de Sumar, que languidece en un sándwich imposible entre el PSOE y Podemos.
Sin votos en el Congreso, la vicepresidenta segunda presume de ir de «la mano del presidente» Pedro Sánchez en esto y de haber «ganado» ya «el debate de la calle». Buscar la victoria moral ante la previsible derrota. «Sale caro votar en contra de la gente», advierten desde su entorno sobre las consecuencias políticas que sufrirán aquellos que osen oponerse a la medida. «Nadie se atreve a decir en abierto: me opongo. Buscan subterfugios, pero nadie se atreve a decir que está en contra de esta norma y cuando no se atreven es porque esta norma está ganada en la calle».
Una presión, la de la opinión pública, que Sánchez también utilizará en su beneficio para frenar la OPA del BBVA al Sabadell. En plena consulta pública, que ayer se abrió por parte del Gobierno, ambos movimientos se sincronizan políticamente. Una OPA bien vale 37,5 horas semanales, piensan en Moncloa, que están dispuestos a utilizar su capacidad para frenar la adquisición bancaria, a cambio de que Junts y el empresariado catalán –contrarios a la operación financiera– no obstaculicen la tramitación de la medida estrella de Díaz. «Quid pro quo», resume un cargo socialista consultado.
Lo cierto es que el Gobierno nunca se mostró partidario de la fusión bancaria, pero se ha cuidado en los últimos meses de exhibir abiertamente su animadversión al movimiento, tratando de proyectar cierta objetividad. Una oposición que no ocultan –sin embargo– los partidos catalanes, en la Generalitat (PSC) y aquellos de los que depende la legislatura. Sánchez busca cargarse ahora de razones, por la vía democrática, para dificultar la adquisición de BBVA.