Reuniones en Transportes con empresarios que aspiran a contratos públicos
Los trabajadores del Ministerio de Transportes han denunciado que una alto cargo de Óscar Puente mantiene reuniones con empresas que aspiran a licitaciones mientras están en vigor los procedimientos administrativos, según los escritos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. Unos encuentros que estarían vinculados con el contrato que aún no se ha formalizado relativo a la vigilancia del complejo de Nuevos Ministerios (Madrid).
El nombre que señalan estos empleados es el de Belén Villar, la directora general de organización e inspección del Ministerio de Transportes. Como adelantó LA RAZÓN al menos siete vigilantes de seguridad han presentado denuncias en el canal interno sobre las brechas de seguridad del complejo con accesos no autorizados o seguimientos por cámara a otros altos cargos.
Precisamente, en estos escritos, los trabajadores detallan que Villar y los jefes de seguridad "han recibido a empresas para negociar" por el contrato de vigilancia que se publicó sin las bases del concurso pero luego se hizo efectivo en abril. Incluso citan visitas al complejo con coches rotulados de las sociedades a las que representan. Todo de un procedimiento que aún se encuentra en fase de estudio pero son muchas las voces internas en el complejo que ya dan por hecho qué empresa se hará cargo del mismo.
Una contratación por urgencia
Se da la circunstancia de que las denuncias sobre estas citas se remontan a las semanas previas a que salieran publicado los requisitos que tienen que cumplir las empresas que opten a este contrato que supera los diez millones de euros. Otro de los datos reseñables es que la auditoría realizada por Villar de la etapa de José Luis Ábalos desaconsejaba la "declaración de urgencia" de las licitaciones para que no hubiese trato de favor.
A pesar de ello, en el caso de este "servicio de seguridad y vigilancia del complejo de los Nuevos Ministerios" se ha utilizado esta herramienta. Y es que argumentan, entre otras cosas, que la entrada en vigor del mismo sería el 1 de julio de 2025. "Al ser este expediente cofinanciado entre los distintos Ministerios y organismos que ocupan el Complejo de Nuevos Ministerios y no disponer hasta el momento de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025, resulta necesario que alguno de ellos tenga que proceder a tramitar modificaciones presupuestarias para atender el gasto que conlleva esta licitación con el consiguiente retraso en la tramitación de este expediente", justifica el informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Son catorce las empresa que aspiran a realizar este cometido y la Junta de Contratación acordó el pasado 23 de abril la remisión de las ofertas a la Oficialía Mayor del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que elabore un informe motivado sobre la valoración de las propuestas. Un órgano que precisamente depende de Villar, la alto cargo que presuntamente se reunió con los aspirantes al procedimiento.
"Todas las contrataciones pasan por ella", señala uno de los funcionarios con los que ha contactado este medio. Los siete vigilantes del complejo de Transportes en Nuevos Ministerios que han denunciado las supuestas prácticas de Villar aún no han recibido ningún tipo de contestación a sus escritos que emitieron hace más de un mes.
El apoyo de Óscar Puente
Villar cuenta con el respaldo, al menos por el momento, de Óscar Puente. Ya ocupó otros puestos de responsabilidad en el Ministerio del Interior y en Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Precisamente, esta directora general fue la encargada que tuvo que elaborar la auditoría que vislumbró irregularidades en la etapa del exministro, ahora investigado por el "caso Koldo".
.Los frentes abiertos contra esta directora general se multiplican y son muchas las voces internas que critican su gestión. Uno de los primeros en dar la cara ha sido el sindicato UGT que ha asegurado que Villar lidera un "grupo organizado" dentro del ministerio que busca colocar en buenos puestos a sus personas afines con unas remuneraciones que superan los 60.000 euros al año.
Uno de los nuevos órganos que señala el sindicato es la creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Precisamente, este es uno de los departamentos que están más en el foco durante los últimos meses debido a los diferentes colapsos que se han producido en los trenes.