Peinado recurre al "procés" para pedir que se limite la acción política en causas penales

Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez por cuatro delitos, ha reconocido la necesidad de limitar el papel de los partidos políticos en las causas penales. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid así lo admite en un reciente auto en el que explica que es "imprescindible" limitar la acción de las formaciones políticas en este tipo de causas de corrupción; criterio que, paradójicamente, confluye con Moncloa, desde donde van más allá para directamente prohibir que los partidos litiguen como acusaciones populares.

En su auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el juez apela a la doctrina del Tribunal Supremo. En concreto, a la histórica sentencia del procés que condenó a doce líderes independentistas por el proceso de desconexión en Cataluña en octubre de 2017. En dicho fallo, el alto tribunal recordó que los partidos personados como acusación popular -como fue el caso de Vox- pueden, en ocasiones, "desbordar" el ámbito que les es propio.

"La presencia de partidos políticos en el proceso penal no es positiva", reza el fallo del procés, que precisó que lo "verdaderamente perturbador" no era tanto la constatación del signo de cada partido, sino su presencia misma en los procedimientos. El Tribunal Supremo aprovechó la resolución por la que se condenó a Oriol Junqueras por sedición para pedir una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) encaminada a limitar la acción de los partidos en este tipo de causas.

Coto a las acusaciones populares

Es más, incluso apeló de manera velada a Junts y ERC, de los que dijo que tomaron "parte activa" en otros procedimientos que les incumbían con un claro interés político. "Es un hecho notorio que algunos de los partidos políticos a los que pertenecen los procesados han tomado también parte activa mediante el ejercicio de la acción penal en procesos penales abiertos que, por una u otra razón, presentaban algún interés electoral", expuso.

Peinado se ha hecho eco de este pronunciamiento para valorar la actuación de Vox en la causa que se sigue contra Begoña Gómez. El juez, que investiga las actividades de la mujer de Pedro Sánchez desde su llegada a Moncloa, sacó este tema a tenor de una querella de Vox contra la propia Begoña Gómez; la asesora de Moncloa Cristina Álvarez; y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre.

"La doctrina del Tribunal Supremo, es necesario, cuando no, imprescindible tenerla presente, en supuestos como el que ahora es objeto de examen", reza Peinado en su pronunciamiento. Ahora bien, incluso reconociendo que "hay que limitar el ejercicio de la acción penal por las formaciones políticas", estima parcialmente la querella en lo relativo a Francisco Martín, a quien acaba de imputar en la causa por delito de malversación de caudales públicos.

En sintonía con Moncloa

Se da la circunstancia de que Peinado y Moncloa parecen confluir en cuanto a la necesidad de limitar el papel de las acusaciones populares, pero con matices, pues mientras el juez de Madrid lo hace con el foco puesto en la protección de la instrucción, el Gobierno parece perseguir más fines político en esta reforma penal que impulsó en pleno cerco al entorno de Pedro Sánchez.

El Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en enero con el objetivo de impedir que partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas con ellos se pudieran personar en procedimientos. La medida se entendió como un freno a las causas abiertas contra el núcleo duro de Sánchez dado que, además, se propuso específicamente que la ley tuviera carácter retroactivo. Así pues, se buscaba que causas como la que instruye Peinado contra Gómez o la que se ha seguido contra su hermano, David Sánchez, no llegaran al banquillo; toda vez que se impulsaron gracias a la acción exclusiva de las acusaciones populares.

En ambos casos la causa arrancó a raíz de una denuncia de Manos Limpias, si bien el avance de las diligencias dio pie a que se personaran más actores de índole política y social en su condición de acusaciones populares. En lo que respecta a la causa contra Begoña Gómez, se personaron Hazte Oír, Iustitia Europa, Movimiento Regeneración Política de España y Vox, formación esta última que ostenta la dirección letrada de las acusaciones.

Imputado otro 'hombre' de Sánchez

Así pues, Peinado admite la necesidad de poner coto a las acusaciones populares comandadas por partidos políticos, aunque ve visos para admitir parcialmente la querella interpuesta por el partido que lidera Santiago Abascal, en lo que respecta al delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid. La citación de Martínez, a quien interrogará el 14 de marzo, se produce por su condición en julio de 2021, de secretario general de presidencia de Gobierno, en cuanto a que era responsable y superior jerárquico de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

Vox se querelló contra Martínez, Álvarez y Gómez por los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Sin embargo, tras un análisis del contenido, determina que solo puede prosperar la imputación del primero de ellos (persona de confianza de Pedro Sánchez) por delito de malversación de caudales públicos.

El objetivo en este caso reside en esclarecer todo lo relativo a la contratación de Álvarez como asesora de Moncloa, toda vez que en el marco de esta causa se ha puesto de manifiesto que Álvarez hizo las veces de asesora de Begoña Gómez para asuntos personales, como es lo relativo a la cátedra extraordinaria que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.