La Policía Municipal de Madrid ha acabado con el negocio ilegal y muy peligroso: un matasanos de la odontología que tan pronto sacaba muelas que ponía prótesis . Se trata de un individuo extranjero que carece de licencia alguna en nuestro país y se duda de que la tenga en Latinoamérica, de donde es originario. Además, ha sido apresada una mujer que residía de manera ilegal en una vivienda comunicada con la falsa clínica y no estaba en situación legal en España. Todo comenzó el 15 de noviembre de 2024, cuando el Colegio de Odontólogos de Madrid interpuso la correspondiente denuncia sobre un individuo que ejercía en un local, también sin permiso, en el local 3 de la calle de San Luciano, 15 (Villaverde). Afirmaba la entidad profesional que, además, ponía en el mercado productos sanitarios, para lo que tampoco gozaba de permiso. El caso ha corrido a cargo de la Comisaría de Coordinación Judicial, la de Respuesta Temprana, la de Medio Ambiente y la Integral del distrito de Villaverde. La primera parte de las pesquisas la han realizado de una manera similar a como se investigan los narcopisos: con 'tronchas' (vigilancias discretas, en el argot) en las inmediaciones de la clínica falsa. Así, apreciaron los agentes un ir y venir continuo de personas, presuntos pacientes, a los que pararon en algunas ocasiones a la salida y quienes confirmaron que habían acudido al 'doctor' a que les hiciera algún tratamiento dental. Tras recabar más pruebas, el pasado 20 de marzo, un total de 21 policías municipales se personaron en el establecimiento. El sospechoso confesó que no tenía licencia para ejercer en España, pero también que sí que realizaba estas labores como un odontólogo más. Incluso reconoció que tiene varios juicios pendientes por casos similares y reportaron lesiones por estas malas praxis, lo que agravó las sospechas de estafa y negligencia profesional. Es un viejo conocido de los colegiados reales. Fuentes de la investigación explican a ABC que el individuo se promocionaba en distintas plataformas, también en redes sociales, y que contaba con una clientela bastante importante, sobre todo extranjera. Los intervinientes detuvieron al falso sanitario, acusado de los presuntos delitos de intrusismo profesional, estafa y vulneración de la legislación sanitaria, y también a la persona que le ayudaba con la recepción de clientes. Se trata de una mujer que residía en una especie de vivienda en el local y que se encontraba en situación ilegal en nuestro país. Esta persona, además, impidió que los agentes entraran en el establecimiento, por lo que hubo que requerir al juzgado de Instrucción número 7 de Madrid la consiguiente orden de entrada y registro. Dentro del negocio, los funcionarios encontraron restos biológicos, instrumental quirúrgico, agujas usadas y residuos médicos sin gestionar conforme a la normativa sanitaria y ambientales, lo que evidenciaba un riesgo para la salud pública. Además, el espacio no estaba acondicionado como centro sanitario y carecía de medidas mínimas de salubridad. La clínica contaba ya con varias denuncias administrativas por ejercer sin licencia, no estar registrada como centro sanitario y carecer de cobertura de responsabilidad civil. Se da la circunstancia de que una sentencia del pasado 23 de enero de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena por intrusismo a la propietaria de una clínica que no tenía título habilitante para ejercer la profesión. La condenada ordenó la realización de una radiografía y, previo examen y análisis, realizó una serie de comentarios sobre la necesidad de elevación del seno maxilar y las condiciones que debía presentar el hueso dental para realizarla, prescribiendo posteriormente la realización de un TAC. Los odontólogos destacan que «uno de los puntos más relevantes de la sentencia es que avala la intervención de los detectives del Colegio para investigar el funcionamiento de las clínicas dentales y de los profesionales que trabajan en ellas». De hecho, utilizaron los servicios de unos detectives privados en sus propias indagaciones: «El Colegio de Odontólogos tiene facultades de control y fiscalización de los diferentes centros o clínicas dentales en su ámbito geográfico; dentro de esa competencia se le permite ordenar informes a detectives privados cuando lo considera oportuno en defensa de los intereses de su colectivo.», explica el fallo.
