El Supremo pide autorización a Bruselas para interrogar a Alvise por la difusión de una prueba falsa de PCR de Illa

El juez del Tribunal Supremo que investiga a Luis 'Alvise' Pérez por difundir una prueba falsa de coronavirus del exministro de Sanidad y ahora presidente de Cataluña, Salvador Illa, acaba de dar el primer paso para poder investigarle por presuntos delitos de falsedad e injurias. Acaba de solicitar al Parlamento Europeo autorización para poder investigarle.

Según recuerda el magistrado instructor en un auto consultado por Vozpópuli, Alvise es diputado del Parlamento Europeo al ser fundador de Se Acabó la Fiesta. Por lo que, para poder tomarle declaración, debe solicitar a la Cámara la correspondiente autorización para proceder "a su material inculpación y sustanciar, plenamente, en su caso, esta fase procesal, conforme al Protocolo número 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea".

No obstante, el juez de la Sala de lo Penal Javier Hernández también le ha dado la opción, en garantía de sus derechos de defensa, de poder comparecer de forma voluntaria. Por lo que le ha solicitado que, en un plazo máximo de 5 días, le comunique esta decisión, que debe ser antes de que la Cámara Europea de la correspondiente autorización. 

Por otro lado, el togado ha señalado que la personación del Partit dels Socialistes de Catalunya como parte en esta causa, en su condición de acusación popular, queda supeditada a que formule querella por el presunto delito de falsedad y presente una fianza de 15.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del ejercicio de la acción penal. 

Este procedimiento arrancó en 2021 en un Juzgado de Instrucción Número 33 de Barcelona a partir de una querella formulada por la Fiscalía, pero tras la incorporación de 'Alvise' a la Eurocámara, el Supremo es el tribunal competente para investigarlo, de ahí que el juzgado catalán le remitiera el asunto el pasado septiembre. 

Tres causas en el Supremo

Se trata del primer paso dado por el juez Javier Hernández en una de las tres investigaciones que el Tribunal Supremo ha iniciado contra el eurodiputado. Y es que, esta semana, la Sala de lo Penal también ha acordado investigarle por haber difundido, supuestamente, unos mensajes a través de su cuenta de Telegram contra Susana Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia. Se le atribuye un presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de las redes sociales.

La Sala de lo Penal decidió investigarle al considerar que su actuación podría responder a las previsiones normativas del tipo penal de acoso, conocido como stalking. Y es que, hizo un llamamiento a un grupo de 40.000 personas a que expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante. En uno de los mensajes, se incrustó la imagen de Gisbert y la señaló como la responsable de "haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra 'inmigración' e 'invasión' juntas".

Alvise también está siendo investigado en el Alto Tribunal por financiación ilegal, estafa, blanqueo y apropiación indebida por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros en metálico durante la campaña de las elecciones europeas por parte de Madeira Invest Club.