El Parlamento de Cataluña ha aprobado, definitivamente este miércoles, la creación de un cuerpo de funcionarios con objetivos diplomáticos adscrito a la Consejería de Unión Europea y Acción Exterior que dirige Jaume Duch, al superar la votación en el pleno la propuesta de modificación de la Ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea a iniciativa de ERC. Hace un mes se aprobó la tramitación de la norma por lectura única. Y hoy se ha aprobado con los votos del PSC, ERC, Comuns y la CUP; la oposición del PP y Vox; y la abstención de Junts y Aliança. La nueva ley (cuyo impulso se inició en 2023 con el Govern de Pere Aragonès y el apoyo de los socialistas, pero cuya primera piedra puso el ejecutivo de Artur Mas en 2013) establece y fija el proceso de selección y las aptitudes y conocimientos requeridos a los profesionales nuevos funcionarios que deben formar parte de este cuerpo diplomático y define las funciones que deberán desarrollar. Con este nuevo cuerpo funcionarial, Cataluña refuerza su presencia internacional, un punto clave para los independentistas y fundamental en el proceso secesionista de 2017. Durante el debate celebrado este miércoles en el Parlament, el diputado del PP Hugo Manchón ha acusado a ERC de estar conspirando contra España con el impulso del cuerpo de acción exterior «con la complicidad silenciosa pero eficaz de los socialistas» y ha calificado de falsas embajadas este cuerpo de acción exterior. Alberto Tarradas (Vox), por su parte, ha sostenido que esta reforma responde «a una estrategia política de larga trayectoria: la construcción de estructuras de Estado de la Generalitat para suplantar al Estado» y ha asegurado que es un nuevo gesto de sumisión al independentismo por parte del PSC. Frente a estas opiniones, Jordi Albert (ERC) ha señalado que la nueva ley es una reivindicación histórica de los sindicatos y del Colegio de Profesionales de las Ciencias Políticas y la Sociología de Cataluña. El portavoz de ERC en este tema ha subrayado, respondiendo a PP y Vox, que se trata de crear un cuerpo de función pública «en el marco de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía y la sacrosanta Constitución española». Laure Vega (CUP) ha apostado por un cuerpo de acción exterior que vaya más allá de las relaciones internacionales, no solo de la UE, ya que considera que esto «podría contribuir a generar una ideología europeísta difusa que vaya aceptando acríticamente cualquier propuesta que venga de la UE». Y Andrés García Berrio (Comuns) ha afirmado que esta es una reforma útil y necesaria para modernizar y actualizar la administración y ha celebrado que responde a una visión del mundo de una «Cataluña abierta al mundo, solidaria y que refuerce en este momento el multilateralismo y el derecho internacional de los derechos humanos». Por considerar que la norma se queda a medio camino, Francesc de Dalmases (Junts) ha criticado que ERC no se haya puesto en contacto con su partido para acordar el texto de la norma, aunque los dos partidos no sumen mayoría absoluta en la Cámara autonómica: «No seremos cómplices de la mediocridad. Y en este caso vamos tarde, pero nos gustaría que reflexionaseis, os lo hemos dicho al principio, así no se hacen las cosas». Y Sílvia Orriols (Aliança) ha criticado que esta norma «responde más al objetivo de repartirse cargos que a la voluntad de defender la causa independentistas» y ha dicho que se trata de un cuerpo de acción exterior sin credibilidad internacional y sin competencias efectivas, que considera que solo servirá para reforzar el autonomismo. Finalmente, Alberto Bondesio (PSC), según informa Ep, ha sostenido que la aprobación de esta ley es una elección «entre un modelo de falsos patriotas y sonidos guturales de la internacional del odio» y un modelo de diálogo y paz basado en el derecho internacional, los derechos humanos, la libertad, el pluralismo y la cooperación. Y ha destacado que servirá para defender mejor los intereses de Cataluña.
