La fractura del Poder Judicial impide pactar las presidencias de las dos salas más delicadas del Supremo
Ningún candidato logra los apoyos necesarios en la primera votación de estas plazas después que la presidenta las sacara in extremis del orden del día en dos plenos previos por falta de acuerdo
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin ponerse de acuerdo en la renovación de las presidencias de las dos salas más delicadas del Tribunal Supremo, la de lo Penal, la que juzga a los aforados; y la de lo Contencioso-Administrativo, la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Seis meses después de que se convocaran, el órgano de gobierno de los jueces ha votado por primera vez estas plazas sin que ninguno de los candidatos haya conseguido los 13 votos necesarios, informan a elDiario.es fuentes del CGPJ.
Los diez vocales progresistas han apoyado las candidaturas de Ana Ferrer (Penal) y Pilar Teso (Contencioso-Administrativo). Mientras que los diez conservadores han respaldado a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. Estos últimos, cuya jubilación es próxima, están ocupando en funciones las presidencias de ambas salas. La presidenta, Isabel Perelló, ha votado en blanco. Las ternas volverán ahora a la Comisión de Calificación —la que realiza las entrevistas a los candidatos— para que realice una nueva propuesta.
Es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces lleva a cabo estas votaciones. La presidenta Perelló incluyó la elección de estas plazas en los órdenes del día de dos plenos previos, pero se vio obligada a retirarlas in extremis ante la falta de acuerdo. En esta ocasión, sin embargo, ha optado por mantener la votación como una medida de presión que, por el momento, no ha surtido efecto.
Después de años de parálisis, el CGPJ asumió el reto de reactivar los nombramientos de altos cargos judiciales que estaban paralizados desde 2021 por una reforma legal que impedía hacer designaciones en la cúpula de los tribunales mientras estuviera en funciones. Desde entonces, el órgano ha renovado por unanimidad más de 80 plazas, pero la elección de las presidencias de esas dos salas del alto tribunal sigue resistiéndose. La ley establece que un candidato debe conseguir los 13 votos que constituyen las tres quintas partes del pleno para acceder a una presidencia de sala del Supremo.
Durante estos meses de negociaciones, los vocales progresistas han dejado claro que apoyan las candidaturas de Ferrer y Teso, a las que ya propusieron sin éxito a ambas para liderar el órgano. Como entonces, los consejeros conservadores se oponen a apoyar a ambas aspirantes y han dado su respaldo a Martínez Arrieta y Lucas.
En el bloque conservador insisten en la valía de ambos magistrados, que además no están vinculados a ninguna asociación y a los que les atribuyen un carácter moderado. En el sector progresista defienden que, en contraposición, sus candidatas tienen un “proyecto” y, además, “tiempo para poder ejecutarlo”. Y dejan caer incluso que a los vocales elegidos a propuesta del PP les puede interesar dejar paralizadas estas designaciones y retomarlas pasados varios meses, cuando ambos se hayan jubilado y la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) pueda aportar otros perfiles más afines.