La madre del niño Gabriel denuncia amenazas desde prisión por parte de la asesina Ana Julia Quezada

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado haber recibido amenazas directas desde prisión Brieva (Ávila) por parte de la autora del crimen y ha lamentado la que considera “total falta de protección institucional”, al no poder personarse como acusación particular en la investigación contra Quezada que ella misma inició al destapar que disponía de un teléfono móvil en la prisión.

En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez ha reclamado este miércoles medidas urgentes para evitar una “revictimización constante” de familias afectadas por este tipo de casos.

Ramírez ha revelado que, desde hace más de un año, recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple condena de prisión permanente revisable, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual, o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.

“La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello”, ha afirmado.

Según ha explicado, entre esos datos recibidos se encuentra una amenaza directa: “A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga”.

En esta línea, ha resaltado que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en “vengarse” de ella, y ha sostenido que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Sin personación en la investigación del cohecho

Ramírez habría recibido estas amenazas mientras el juzgado de instrucción 4 de Ávila investiga la presunta comisión de un delito de cohecho por un funcionario que habría facilitado un teléfono móvil a Quezada a cambio de sexo.

Según ha denunciado la madre del niño Gabriel, el juez ha rechazado su personación como acusación particular en esta investigación. “Creo que todo esto me afecta directamente a mí y a mi familia”, ha manifestado, quien ha contado que ella misma inició el procedimiento hace justo un año después de interponer una denuncia ante la UCO de la Guardia Civil mediante los datos y testimonios que le trasladaban confidentes de dentro y fuera de la prisión en relación al posible rodaje de un 'true crime' sobre la asesina, con la participación de la misma desde dentro de la cárcel. Ramírez sostiene que Quezada habría estado comunicada por teléfono durante más de tres años para asegurarse las grabaciones.

La madre del 'pescaíto' ha denunciado que está sufriendo “indefensión” no solo al no poder participar como acusación particular en la causa, sino por el “ninguneo” que, según ha afirmado, ha sufrido al intentar aportar documentos y datos al proceso.

Ramírez ha recalcado que para ella fue un “duro golpe” que el juzgado denegara su personación como perjudicada en la causa, que pidió el 28 de octubre del pasado año, después de estar “aguantando, sabiendo todas estas informaciones, sufriendo, conteniéndote, no diciendo, callando”, al tiempo que trataba de poner en conocimiento de las autoridades los datos que recababa.

Quezada está condenada, además de por el asesinato del menor, por un delito de lesiones psíquicas y otro contra la integridad moral, por lo que Ramírez cree que está claro su rol de “perjudicada” al amparo del estatuto de la víctima. “Puedo estar perjudicada por todos esos tratos de favor y lo que pueda estar haciendo con todo esto”, ha dicho a la hora de describir sus intentos de contactar con el instructor, así como con la Fiscalía de Ávila, tanto de forma directa como a través de la oficina de asistencia a las víctimas, con infructuosos resultados.

Amenazas y chantajes

Ramírez ha narrado además que el 31 de diciembre interpuso una segunda denuncia ante la Guardia Civil de Almería tras haber tenido constancia por fuentes cercanas a ella que Ana Julia Quezada habría manifestado que la “quiere matar” por haber “boicoteado” el documental que, según sostiene, aún está “en ciernes”.

“Me dicen que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, le he roto el documental”, ha manifestado la madre del niño Gabriel, quien ha asegurado que pasó “miedo” y entró “en alarma” al saber que la reclusa se quería “vengar” de ella, para lo que podría valerse de terceros.

Ramírez ha explicado que la situación se trasladó a la Guardia Civil de Ávila, para solicitarle una protección de los datos personales de su denuncia, con la que se incoó la investigación por el presunto cohecho en prisión, puesto que además comenzó a recibir ciertas llamadas de teléfono de origen desconocido.

Asimismo, interpuso una denuncia en Almería que si bien se archivó en un primero momento, después fue recurrida y ha permitido mantener abierta una investigación que está a la espera de recabar testimonios de esas presuntas amenazas.

Estas amenazas no se producen en un vacío, sino en un entorno de falta de control institucional: “Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se usan para llamadas, grabaciones, o incluso para chantajear a otras internas”, ha asegurado.

Patricia Ramírez ha insistido en que ha trasladado toda esta información por escrito y en persona a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: “No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa”, ha dicho entre lágrimas.

También ha denunciado la existencia de “funcionarios implicados” en estas irregularidades: “A mí me constan por lo menos cuatro. Lo he dicho. He puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?”, se ha preguntado.

Responsabilidad civil sin resolver

Ramírez ha explicado que todo esto sucede mientras la responsabilidad civil derivada del asesinato de su hijo sigue sin estar resuelta.

“Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental”, ha lamentado.

Ha criticado que se dé espacio mediático a condenadas por crímenes atroces: “¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?”, ha continuado. “Esto lo que hace es revictimizarnos. Nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz”.

En ese sentido, ha reclamado la aplicación real del Estatuto de la Víctima y del marco europeo de derechos fundamentales: “Ese estatuto dice que hay que tratar con respeto y proteger a la víctima. Pero aquí no hay respeto. No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola”.