Vecinos han denunciado que la ampliación de Elche Parque Empresarial «presenta serias irregularidades» por haberse proyectado en una «zona con alto riesgo de inundación y separada del parque actual, lo que genera sobrecostes de urbanización millonarios». Desde el Ayuntamiento, han restado trascendencia a estas «alegaciones» y han asegurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya avaló esta ubicación hace años. Los residentes que se consideran damnificados por esta reurbanización han señalado que aunque ha recibido el informe ambiental favorable, el Programa de Actuación Integrada (PAI) del sector E-49 han alegado también contra otros aspectos. En concreto, que el pago de las cargas de urbanización sólo se permite en efectivo y no mediante la cesión de terrenos, lo que, «excluye a pequeños propietarios del desarrollo del sector». Además, se quejan de «valoraciones e indemnizaciones insuficientes y una ausencia de estudios actualizados sobre el riesgo de inundaciones». Fuentes municipales han indicado que «algunas alegaciones se aceptarán y otras no, el asunto lleva ocho años y con el anterior Gobierno municipal se emitió un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar que concluyó que no hay ningún problema». Los vecinos aseguran, sin embargo, que no cuenta con el visto bueno del Patricova (Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana), dependiente de la Generalitat Valenciana, que sólo lo autorizaba si se acometían obras de prevención . J. B. S., una de las propietarias afectadas, señala que el sector debería haberse ubicado de forma contigua al parque empresarial existente, aprovechando sus infraestructuras. «En su lugar, se ha situado en un área inundable, los propietarios se ven obligados a asumir los mayores costes del plan solo para hacer viable su urbanización», puntualiza. En las alegaciones presentadas, se han incluido imágenes y referencias que documentan los daños provocados por riadas previas en esa misma zona. Otro punto que critican es la imposibilidad de compensar las cargas de urbanización con suelo, modalidad habitual en este tipo de desarrollos. Esta restricción obliga a realizar pagos en efectivo que, combinados con los altos costes derivados de la ubicación, impiden a muchos propietarios participar en el proyecto, lo que afecta directamente a su viabilidad. También cuestionan las « irrisorias y erróneas» indemnizaciones previstas por los terrenos y elementos que deberán ser retirados para dar paso a la urbanización. Según los informes técnicos aportados, estas valoraciones no reflejan la realidad del mercado ni los costes reales, por tanto, la consistencia del plan «se ve comprometida», a su juicio. Además, los vecinos denuncian que entre las cargas del sector se incluye la rehabilitación de la Casa de la Mina , un edificio sin relación directa con la ampliación. Consideran que este gasto debería ser asumido por el Ayuntamiento y no por los propietarios del sector. Por todo lo anterior, los afectados han solicitado invalidar el PAI del sector E-49 y que «se anule su condición de suelo urbanizable» y se recupere su clasificación original como «no urbanizable». También han pedido la intervención de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Generalitat Valenciana para revisar la viabilidad del proyecto.
