Detenidos dos funcionarios judiciales en Nicoya por presunta apropiación de fondos
Agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron la mañana de este miércoles a dos funcionarios judiciales en Nicoya (Guanacaste), sospechosos de los delitos de peculado, estafa informática y facilitación culposa.
Los detenidos son un agente investigador del OIJ de apellido Mora y un técnico judicial nivel 2 de la Fiscalía de Nicoya, de apellido Díaz.
De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.
Durante ese periodo, Díaz, en su calidad de técnico judicial, habría aprovechado su acceso a la bodega de evidencias para registrarse como beneficiario, en el Sistema de Depósitos Judiciales, de fondos relacionados con causas penales en trámite ante los Tribunales de Justicia del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Nicoya.
De esta manera, el funcionario habría logrado retirar más de ¢4 millones de manera irregular.
Además, en determinado momento, presuntamente se utilizó el perfil digital de Díaz para incluir al agente Mora como beneficiario en el mismo sistema, lo que le habría permitido retirar poco más de ¢123.000 en efectivo.
Tras detectar las anomalías, la fiscal adjunta del II Circuito Judicial de Guanacaste presentó la denuncia correspondiente.
A partir de ello, la Sección de Anticorrupción inició una investigación que culminó con la detención de ambos sospechosos, pasadas las 7 a. m. de este miércoles, en el cantón de Nicoya.
Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
“Este caso evidentemente nos llena de mucho dolor, sin embargo, es el mismo Poder Judicial con los controles que tiene, el que se encarga de detectar esta situación y dar parte a la fiscal encargada del caso”, indicó Randall Zúñiga, director del OIJ, quien presentó esta acción como una muestra de cero tolerancia y transparencia de esas autoridades.
El peculado implica el uso indebido o desvío de bienes que están bajo su administración, percepción o custodia, y que pertenecen a la administración pública. Esta figura, tipificada en el artículo 361 del Código Penal, establece penas de tres a 12 años de prisión.