Policías alertan: No intervenir el consumo de drogas en vehículos "pone en riesgo la seguridad ciudadana"
El sindicato policial Jupol ha manifestado su rotundo rechazo a la Instrucción N.º 7/2025, emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, que regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al consumo y tenencia ilícita de drogas en vehículos particulares estacionados. Esta nueva normativa, que excluye la sanción administrativa en estos casos, ha sido duramente criticada por el sindicato, que alerta de las graves consecuencias que podría tener tanto para la seguridad ciudadana como para la salud pública.
Según señala Jupol esta instrucción "transmite un mensaje preocupante de permisividad", lo cual no solo no resolvería el problema, sino que podría amplificarlo. Según el sindicato, esta instrucción forma parte de una tendencia más amplia del Gobierno de relajar las políticas de seguridad, como se evidencia también en la modificación que se propone de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y es que, en lugar de reforzar el marco legal frente al consumo y tráfico de drogas, el Ejecutivo estaría promoviendo una suavización de las sanciones y limitando la capacidad de intervención de los agentes, lo que aumenta el riesgo para la seguridad pública.
La nueva regulación tiene también un impacto directo sobre la operatividad policial. El sindicato policial advierte de que al restringir la intervención administrativa en estos casos, se reduce injustificadamente la capacidad de los agentes para actuar frente a situaciones problemáticas, incluso cuando haya indicios claros de alteración del orden público, riesgo sanitario o amenaza a la seguridad. "Esto afecta la capacidad de respuesta de la policía ante escenarios que requieren intervención inmediata, disminuyendo su efectividad en la protección de los ciudadanos", subrayan.
Además, la nueva instrucción dificulta la detección temprana de problemas de adicción. Los consumos discretos en espacios cerrados, como los vehículos, impiden la intervención preventiva de familiares o servicios sociales, al mismo tiempo que debilita la presencia policial en zonas sensibles. El marco legal ya no ampara actuaciones en ciertos contextos, incluso en aquellos donde se puede estar produciendo un foco de delitos o inseguridad.
Desde Jupol se destaca que esta instrucción también genera inseguridad jurídica para los agentes, quienes podrían enfrentarse a denuncias o represalias disciplinarias aunque su actuación esté justificada. "Esta ambigüedad normativa pone en peligro la eficacia policial, dificultando la labor de los cuerpos de seguridad en su día a día y creando un clima de inseguridad para los agentes que tienen que tomar decisiones en escenarios ambiguos".
Por otro lado, el sindicato denuncia que la permisividad frente al consumo de drogas en vehículos estacionados es un error en la interpretación del espacio público. Aunque los vehículos estén detenidos, su ubicación en la vía pública los convierte en entornos visibles y susceptibles de influir negativamente en colectivos vulnerables, especialmente los jóvenes. Señalan cómo, la permisividad "solo podría normalizar el consumo de sustancias ilícitas, además de aumentar el riesgo de conducción bajo los efectos de las drogas, ya que no hay garantías de que el conductor no se ponga al volante después de haber consumido".
Esto hace que desde el sindicato policial alerten de esta deriva legislativa que "no solo afecta a la seguridad pública, sino que pone en grave peligro la convivencia ciudadana" ya que estaría enviando un mensaje erróneo sobre la aceptación de conductas peligrosas y dañinas para la sociedad.