Tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para hablar de energía, los ciudadanos siguen teniendo razones para pedir muchas respuestas sobre el apagón que detuvo el funcionamiento de un país entero. En primer lugar, sometió a la cámara a uno de los masajes motivacionales a los que acostumbra y, tras los apuros que vivieron los españoles, dibujó un discurso que se parecía demasiado a una celebración obscena. La debacle en los servicios más elementales no mereció la asunción de responsabilidad alguna. Por reiterativas que resulten las quejas sobre la costumbre de Moncloa de escurrir los mayores bultos, debemos poner encima de la mesa la poca credibilidad de su exposición parlamentaria y denunciar que, en la intervención de Sánchez sobre uno de los episodios más inquietantes de los últimos tiempos, hubo mucha ideología y muy pocas explicaciones. Seguimos sin saber qué es lo que sucedió el día en que España se fue a negro y Sánchez asegura que tardaremos meses en conocerlo. Según explica, la autopsia del incidente es imposible de llevar a cabo en estos plazos, recato que no le impide asegurar que la causa del corte en el suministro no fueron las renovables. En el relato de los hechos mezcla obviedades y bulos en proporciones impropias del jefe de Gobierno de una democracia como la nuestra. En lugar de cumplir con su obligación de informar de las razones de un suceso tan traumático y de la amenaza evidente de que vuelva a producirse, dedicó su tiempo a seguir inventando enemigos tras los que enmascarar su gestión. Si ante el desastre y el caos ferroviario del pasado fin de semana el Gobierno deslizó la cinematográfica posibilidad de que todo fuera debido a un sabotaje –¿de quién, por qué?–, esta vez sigue sin descartar el ciberataque como causa del fallo eléctrico y persiste en señalar fantasmas, cargando contra los dueños «ultrarricos» de las nucleares. El recurso del sabotaje y las manos negras apunta a la involución democrática y gestora de nuestro país, pues la invención de enemigos a los que adscribir el desgobierno administrativo es propio de regímenes autoritarios, a los que nos parecemos cada día más. Por supuesto, la fábula del propietario «ultrarrico» y malintencionado de las nucleares no se sostiene en cuanto los dueños de estas centrales son también propietarios de las empresas que producen la mayor parte de las renovables. Tampoco importa que la energía atómica sea una solución a la urgencia de las emisiones de gases contaminantes: el presidente se ha convertido en un abanderado de los antinucleares con una fe tal que nos lleva a plantear en qué territorio estamos entrando como nación, guiados por argumentos chamánicos y a contracorriente de los países de nuestro entorno. El discurso de este miércoles marca el comienzo de una cruzada y una declaración de guerra a un tipo de energía que nuestros vecinos promueven como solución al cambio climático y que incluso les compramos sin ambages. Semejante diatriba mantiene viva la coalición de Sánchez y sus geometrías parlamentarias, pero el Gobierno debería poder responder a tres preguntas pertinentes en este momento. La primera es si, cerrando las nucleares, la electricidad va a tener un coste razonable y los precios no van a escalar. El debate sobre la nuclear y su precio está viciado en cuanto el Ejecutivo lo adultera con su política fiscal y carga este tipo de energía con impuestos ideológicos que multiplican a los que se aplican a las demás. La segunda, si vamos a ser independientes desde un punto de vista energético sin estas centrales y la tercera, si el suministro va a ser estable y seguro o vamos a vernos atrapados en una sucesión de episodios como el del último apagón.
