“Grave retroceso” en derechos humanos: INDH muestra preocupación por modificaciones a las RUF

La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, manifestó su “profunda preocupación” por las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de ley sobre reglas de uso de la fuerza.

Dos semanas atrás, el Senado inició el estudio en particular del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad y de las Fuerzas Armadas cuando son requeridas.

Durante las votaciones se aprobaron la mayoría de las propuestas de las comisiones unidas -Defensa y de Seguridad Pública-, pero también se rechazaron algunas normas, entre ellas, la que establecía el principio de la proporcionalidad; la disposición sobre el deber de gradualidad (se aprobó la redacción que venía desde la Cámara de Diputados); y eliminó una que prohíbe ejercer fuerza una vez que la persona ha sido reducida e inmovilizada, entre otras.

Frente a las modificaciones que sufrió la iniciática en la Cámara Alta es que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, emitió un comunicado en el que declaró: “En múltiples oportunidades, el INDH ha recomendado al Estado la necesidad de regular por ley las reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Por ello, la tarea que han emprendido los poderes colegisladores en orden a contar con una ley que aborde esta materia es de la mayor relevancia”.

“En conformidad a los tratados internacionales de Derechos Humanos que se encuentran reconocidos constitucionalmente es fundamental que la legislación del uso de la fuerza sea acorde con un conjunto de estándares, que implican el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas“, agregó.

Asimismo, subrayó que: “Desde el INDH reiteramos que el uso de la fuerza debe regirse (…) conforme a los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Por lo demás, la anterior es una regla elemental que debe cumplir un Estado democrático, como parte de sus deberes para garantizar que todos quienes habitan en nuestro país puedan hacerlo de manera libre, protegida y segura”.

El texto expuso que “El INDH reitera lo que ha señalado anteriormente: el derecho a la seguridad es también un derecho humano, que exige para su garantía mínima una regulación del uso de la fuerza. Por eso, las modificaciones al proyecto son un grave retroceso en las garantías de protección de los derechos fundamentales”.

Así, la timonel del organismo destacó que: “Fieles a nuestro mandato, instamos de forma respetuosa y firme a los poderes colegisladores para que reconsidere las disposiciones en el avance del trámite parlamentario. Así, se podrá asegurar una regulación del uso de la fuerza compatible con los estándares internacionales y el deber del Estado de proteger la vida, la integridad física y la dignidad de todas las personas”.

“Es fundamental que la legislación del uso de la fuerza sea acorde con un conjunto de estándares, que implican el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas”, destacó Consuelo Contreras.