El venezolano Daniel Lozano Camargo, segundo migrante deportado por error a El Salvador
Conocido en los tribunales como Cristian, Lozano fue expulsado de Estados Unidos el 15 de marzo, al igual que el salvadoreño Kilmar Abrego García, a quien también enviaron a su país a pesar de que contaba con una orden judicial que lo protegía de esa medida y cuyo regreso ordenó el Tribunal Supremo.
A Lozano lo trasladaron ilegalmente a una prisión en El Salvador, junto con otros detenidos, en medio de una operación masiva que ha generado intensas batallas legales y un torrente de críticas.
Recientemente, la jueza Stephanie Gallagher ordenó al gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Lozano a Estados Unidos, argumentando que la deportación violaba un acuerdo legal establecido en noviembre de 2024, que prohíbe a las autoridades migratorias expulsar a quienes ingresaron al país como menores no acompañados mientras sus solicitudes de asilo estén pendientes, reseñó Univison.
Juventud y desafíos: la historia de Daniel Lozano Camargo
Lozano llegó a Estados Unidos en 2022, cuando tenía 17 años de edad, después de haber vivido por un tiempo con su tío en Colombia. Al cruzar la frontera sin documentos, lo enviaron a un centro para migrantes menores de edad hasta que cumplió 18 años.
Después se estableció en Houston y comenzó un pequeño negocio de lavado de autos y se convirtió en figura paternal para la hija de su pareja, han contado sus abogados.
Sin embargo, su situación migratoria se complicó tras dos arrestos por posesión de drogas en Texas en 2024. En junio de ese año fue detenido por tener entre uno y cuatro gramos de cocaína. Al no presentarse a una cita judicial en octubre, le revocaron la libertad condicional. En noviembre fue arrestado nuevamente por poseer menos de un gramo.
En enero pasado se declaró culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía y recibió sentencia de 120 días en prisión. Tras cumplir parte de esa condena, las autoridades migratorias lo consideraron deportable a pesar de contar con permiso de trabajo y solicitud de asilo que le otorgaban protección legal contra la expulsión.
Deportación por tatuajes y acusaciones erróneas
La razón de su deportación al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, está relacionada con las políticas migratorias impuestas por Trump bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, que permitió clasificar a migrantes venezolanos como supuestos miembros de la banda criminal el Tren de Aragua.
La familia de Lozano sostiene que lo relacionaron erróneamente con pandillas porque lleva tatuajes visibles que incluyen una rosa y nombres significativos para él.
La perspectiva judicial sobre el caso
La jueza Gallagher determinó en abril que el caso no debía ser considerado bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, sino como incumplimiento del acuerdo de 2024 de no expulsar a quienes ingresaron al país como menores no acompañados hasta resolver sus solicitudes de asilo.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (Uscis) ha indicado que podría rechazar la solicitud de asilo del joven venezolano, sugiriendo que su regreso sería innecesario.
“Si su solicitud de asilo está prácticamente anulada, su derecho a asilo también lo está”, afirmó el abogado Richard Ingebretsen, del Departamento de Justicia.
Sin embargo, la jueza Gallagher rechazó ese argumento y advirtió que no se puede ignorar el proceso solo porque se anticipa un resultado, y aseguró que Lozano tiene el derecho fundamental de presentar su caso en Estados Unidos, tal como establece el acuerdo legal.
“No podemos adelantarnos al final y afirmar que todos sabemos cómo concluirá esto”, subrayó.
La magistrada, que el martes le dio 48 horas al gobierno para apelar su decisión, dejó claro que si no lo hace establecerá un cronograma para el regreso de Lozano y exigirá informes sobre el avance del caso.
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