Las regiones del PP alertan que la ley del medicamento de Sanidad se salta las competencias autonómicas
Las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han acordado presentar, de forma consensuada, alegaciones al anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuyo plazo finaliza hoy, 8 de mayo, al considerar que el texto "ignora la distribución de competencias autonómicas y pone en riesgo la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario"
Los responsables autonómicos de farmacia denuncian que el Ministerio de Sanidad ha elaborado el anteproyecto "excluyendo a las autonomías de un proceso que debería haber contado con su participación efectiva, especialmente a través de la Comisión Permanente de Farmacia (CPF), órgano delegado del Consejo Interterritorial que ha sido ignorado en esta reforma".
Entre las principales preocupaciones de las consejerías destacan: la exclusión de las CC AA en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS), la eliminación de estructuras autonómicas clave, la introducción del concepto de "medicamento de primera prescripción", la falta de inclusión específica de los centros sociosanitarios, la centralización en la adquisición de medicamentos hospitalarios, el sistema de precios seleccionados y el copago y el riesgo para que se garantice la seguridad clínica.
El Partido Popular exige así al Gobierno central, "una vez más", que "respete las competencias autonómicas y construya el texto final desde una cogobernanza real, mejorando la operatividad del Sistema Nacional de Salud y garantizando la calidad de la atención sanitaria para todos los ciudadanos".
La mayor parte del sector, en contra
Las alegaciones de las autonomías gobernadas por los "populares" se suman a las presentadas por la mayor parte de los agentes del sector sanitario a distintos aspectos del anteproyecto. La Organizacion Médica Colegial, el Foro de la Profesión Médica, Farmaindustria, la distribución farmacéutica, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la de médicos rehabilitadores, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), entre otras organizaciones, han expresado públicamente su oposición frontal a temas de gran calado que se plantea en la nueva regulación, como el sistema de precios seleccionados (que sustituiría al actual de precios de referencia), el copago extra o la ampliación de las competencias de prescripción a Enfemería y Fisioterapia.
Sanidad, por su parte, sigue defendiendo todos y cada uno de los puntos polémicos del texto, y mantiene que la nueva Ley conseguirá "que España se acerque a la media de europea en cuanto a dispensación de medicamentos genéricos, así como que la industria de este tipo de fármacos tenga una ganancia de volumen y que esto pueda repercutir favorablemente en el conjunto del sistema, logrando una disminución de precios". Así lo ha afirmado esta mañana el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, coincidiendo con la finalización del plazo de alegaciones del anteproyecto. Por otro lado, y pese a la oposición manifestada por la gran mayoría de los agentes de la cadena del medicamento, ha asegurado que "hay una voluntad compartida por todos los que tenemos algo que decir a este respecto".