España presenta a la jurista Concepción Escobar como candidata a jueza a la Corte Penal Internacional

España va a presentar como candidata a jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) a la jurista Concepción Escobar Hernández, catedrática de Derecho Internacional de la UNED y antiguo miembro y relatora especial de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, además de directora de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores. La candidatura de Escobar, firme defensora del multilateralismo en las relaciones internacionales, es un refrendo del Gobieno a la Corte en un momento en que su papel está en entredicho por la reticencia de múltiples gobiernos a cumplir sus mandatos de arresto a dirigentes israelíes.

Escobar (Madrid, 1959) formó parte de la delegación española en la Conferencia de Roma para la creación de la CPI en 1998, y en la Conferencia de Kampala sobre la revisión del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional (2010), en la que fue Presidenta del Comité de Redacción. El Ministerio de Asuntos Exteriores alaba su “profundo conocimiento del derecho internacional y de la Corte Penal Internacional” y “destacada capacidad de diálogo en entornos internacionales”.

El ministro José Manuel Albares ha remitido una carta a los otros 124 estados parte de la CPI para defender la candidatura de Escobar para el mandato 2027-2036, que se dirimirá a finales del año que viene. En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el ministro defiende que “en un contexto internacional marcado por el aumento de conflictos armados y los crecientes desafíos a la legalidad internacional” considera “esencial reforzar los pilares que garantizan la rendición de cuentas, la protección de las víctimas y el cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”.

“En estos momentos en los que la Corte enfrenta crecientes desafíos, incluidos presiones externas, España mantiene una postura clara: defender la independencia de la Corte Penal Internacional, apoyar el respeto de sus decisiones y activar los instrumentos jurídicos necesarios para proteger su mandato. Así se lo he podido trasmitir recientemente al Fiscal Khan y al Vicepresidente Aitala”, añade Albares. El fiscal Karim Khan, que ha acusado al presidente israelí, Benjamin Netanyahu, de crímenes de guerra y de lesa humanidad por el comportamiento israelí en Gaza, ha denunciado públicamente las presiones sufridas por el tribunal.

España también se ha convertido en uno de los principales contribuyentes de la CPI. En 2023 la aportación voluntaria fue de seis millones de euros, de los cuales más de cinco millones se destinaron a reforzar la labor de la Fiscalía y a apoyar el Fondo en Beneficio de las Víctimas. El año pasado se comprometiron dos millones de euros, que incluyen apoyo a la ciberseguridad de la Corte.

La CPI tiene 18 magistrados elegidos para un mandato de nueve años por la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, compuesta por 125 Estados. Los jueces se renuevan por terceras partes cada tres años y no cabe reelección. En los últimos años, España remitió la situación en Ucrania al Fiscal en marzo de 2022, y posteriormente se personó —aunque no como parte— en los procedimientos relativos a Palestina. También ha advertido al tribunal sobre los crímenes cometidos por los talibanes contra mujeres y niñas en Afganistán.