PP y Vox pactan en las Corts recortes a la ley trans: eliminar contenidos de diversidad sexual y modificar las referencias a terapias de conversión

El PP y Vox pactan en las Corts Valencianes recortes a la ley trans autonómica. La derecha y la ultraderecha eliminan las sanciones administrativas adoptadas en la legislación que impulsó Mónica Oltra como consellera de Igualdad en el Ejecutivo del Botánico y remiten al régimen estatal, modifican los contenidos educativos y rebajan las consideraciones respecto a las terapias de conversión. El partido ultra ha defendido que quiere “neutralizar” la norma y habla de este derecho “en un ejercicio libre y sin presiones legales o sociales” y asegura que garantiza que la ley no “patologice o someta a condición de perjuicio” a las personas.

La derecha y la ultraderecha han sacado adelante este jueves en la comisión parlamentaria que debate los presupuestos y la ley de acompañamiento una batería de medidas que la izquierda critica por suponer un recorte en derechos. Sobre la ley trans, en un único texto de 19 páginas, PP y Vox rebajan notablemente las medidas previstas en la norma de 2017, que fue pionera al adelantarse al texto estatal.

La enmienda recoge modificaciones en los contenidos educativos sobre diversidad sexual. Apunta que “la Generalitat adoptará las medidas necesarias para velar por que los contenidos educativos promuevan el respeto y la protección del derecho a la igualdad de todos los alumnos”. También, en el mismo punto, se establece que el proyecto educativo del centro “no tendrá que abordar de forma específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar”. Cada centro, según el acuerdo de PP y Vox, establecerá el proyecto educativo, que será supervisado por el Consejo Escolar, “el acompañamiento y opinión de asociaciones de padres” y apunta a que si existen posibles discrepancias, “el respeto a la decisión de los padres del menor”. Ello implica, implícitamente, abrir la puerta al veto parental que Vox trató de imponer en gobiernos autonómicos.

El texto elimina la existencia de “discriminación por error”, que en la ley viene definida como “[la que] existirá cuando se dé una situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de discriminación por identidad o expresión de género como consecuencia de una apreciación errónea”. Se modifican las limitaciones de las llamadas terapias de conversión, sustituyendo el artículo que dice “se prohíbe la práctica de terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la identidad o expresión de género de las personas trans” por otro que indica: “Se prohíben las terapias que puedan suponer una agresión o intimidación a la persona trans” e incluyen, a renglón seguido, “siendo posible acogerse a acompañamiento siempre que se opte libre y voluntariamente”. No se matiza qué implica ese acompañamiento, pero las fuentes consultadas por este diario apuntan que implica permitir las terapias de conversión.

Asimismo, el texto señala que “asociaciones de pediatría y otras organizaciones médicas afirman que la única evidencia sólida con respecto a las intervenciones de cambio de sexo en menores es el riesgo muy grave que representa para la salud de los niños, y recomiendan esperar a la edad adulta para tomar estas importantes decisiones”.