Desde que Sánchez lo anunció el pasado 31 de marzo, el decreto de Universidades, cuyo texto definitivo no ha sido aún aprobado, ha suscitado el recelo no sólo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, sino de numerosas voces dentro del mundo académico, así como de la Consejería de educación vasca. La ley del 'chiringuito', como ya la bautizan debido a los términos con los que el presidente atacó a las privadas, propone algunas exigencias a los centros como un mínimo de 4.500 estudiantes en cinco años, o la oferta de Grados, Máster o Doctorados en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento , algo que iría, dicen los expertos, contra la especialización académica. El decreto ya ha creado t ensión entre el PSOE y uno de sus socios de Gobierno, el PNV , pues la semana pasada la consejería de Educación mostró su desacuerdo. El mismo Aitor Esteban, sobre esta cuestión ha advertido que « cuando el Gobierno español haga un decreto invasivo como el decreto de universidades , lo diremos también claramente porque no estamos sometidos al gobierno español y diremos claramente lo que pensamos». La Comunidad de Madrid ha anunciado que llevará a los tribunales esta norma sobre el reconocimiento y acreditación de universidades, al considerar «que ataca a las universidades privadas, va contra la Constitución e invade competencias autonómicas». ABC ya había adelantado hace semanas que las regiones que se verían más afectadas por la norma ( Madrid y Andalucía) estaban estudiando medidas legales «contra el atropello» de esta legislación que podría adolecer del necesario rigor técnico y vulnerar el ordenamiento vigente. De momento, Madrid ha sido la primera en dar un paso adelante, aunque todas las comunidades gobernadas por los populares ya han mostrado su rechazo a la norma que quiere sacar adelante el ministerio de Diana Morant. El consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ha señalado que el Ministerio ya ha rectificado parcialmente, eliminando una parte de la disposición transitoria quinta. «De esta forma, las universidades online o híbridas que ya existían previamente a la modificación de este Real Decreto se van a quedar como estaban, dependiendo de las comunidades autónomas y de las agencias de calidad autonómicas en caso de que la comunidad autónoma en cuestión disponga de ellas, como es el caso de la Comunitat Valenciana con la AVAP». Desde la privada, tanto ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) como varias universidades que no dependen directamente del Estado están hoy trasladando a la ministra los puntos de la norma que generan una mayor disconformidad. «Seguramente no es el mejor momento para realizar la modificación del real decreto, puesto que se aprobó hace menos de 4 años y aún no se ha cumplido el plazo para que las universidades ya existentes se adapten a él. También es reciente la aprobación de la LOSU», han expresado desde el rectorado del CEU a Morant. Desde el sector de la privada aluden a «una cruzada» contra las universidades privadas «sin fundamento» fundamentos. «La polémica desatada no beneficia a ninguna universidad. Por supuesto no es buena para las privadas, pero tampoco para las públicas, porque genera ruido y desconcierto en la sociedad, en los estudiantes y sus familias, y pone en duda la calidad y fiabilidad del sistema universitario en su conjunto». Y dicen que la maniobra del Ejecutivo es « demagogia y populismo »: «El debate no debe estar en titularidad de una universidad, en su financiación, deber estar en la calidad demostrada».
