El juez indagará solo en las gestiones de Ábalos y Koldo sobre Air Europa
El instructor del «caso Koldo» en el Tribunal Supremo confirma que no investigará si hubo irregularidades en la concesión del rescate de Air Europa, como adelantó, hace más de una semana, LA RAZÓN. Tampoco indagará en si las hubo en el otorgamiento de la licencia a Villafuel –la empresa de la «trama de los hidrocarburos»– para que pudiese ejercer como operadora en el sector.
Así lo aclaró el magistrado Leopoldo Puente, en su auto de ayer, al indicar que «no se advierte en este momento la existencia de indicio alguno» de que estas dos decisiones fueran tomadas en el Gobierno de una manera «ilícita» o «antijurídica».
En cambio, de lo que sí hay indicios, es que tanto José Luis Ábalos como la que era su mano derecha como ministro, Koldo García, «habrían emprendido», «a instancia» de Víctor de Aldama, «gestiones orientadas» a que la aerolínea de Globalia recibiese la financiación pública «con la mayor rapidez posible».
Principalmente, como recuerda el instructor, porque Air Europa «precisaba» en ese momento –con restricciones mundiales de movilidad derivadas por la Covid– ayuda financiera «para poder continuar con su actividad», evitando así la quiebra.
Una de esas gestiones clave que señala el magistrado, aludiendo al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la publicación por su ministerio, en los meses en que se negociaba el rescate, de una nota de prensa en que se respaldaba la necesidad de que el Ejecutivo diese la subvención.
El comunicado salió en los medios a principios de agosto y, tres meses después, el Consejo de Ministros aprobó los más de 400 millones de fondos públicos para Air Europa.
En definitiva, lo que sí es parte de la causa, ante la posible existencia de delitos de tráfico de influencias y cohecho, es que, a cambio de este movimiento de Transportes, Ábalos «habría podido obtener también un cierto beneficio económico».
Concretamente, la contraprestación habría sido el pago de la renta de 10 días para que se alojase con su familia en un chalé ubicado en Marbella, conocido como Villaparra. Lo que coincidiría con lo que Koldo le trasladó sobre la estancia: «Esto sale gratis por las molestias generadas».
En los mismos términos apunta el instructor a que habrían intervenido el que fue «número tres» del PSOE y su asesor para que saliese adelante la autorización a Villafuel.
La Sala de lo Penal limita el papel de ambos a que Aldama habría «favorecido» a través de su «tramitación», propiciando «las reuniones precisas» con los «órganos competentes para ello».
Como la que supuestamente tuvieron el entonces jefe de gabinete de la que era, entonces, ministra de Industria, Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, con los responsables de la compañía y socios del comisionista, los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano.
A fin de confirmar si realmente existió este encuentro, como aseguraron tanto Aldama como Pano en sus respectivas comparecencias judiciales, el magistrado ha citado a Bidart para que declare como testigo el próximo 21 de mayo, a partir de las 11:00 horas.
Rivas, «beneficiario de aquella licencia», a cambio, habría adquirido, a través de otra sociedad, el chalé de Cádiz para acabar «cediéndoselo» a Ábalos a través de un alquiler con opción de compra.
En definitiva, el entonces ministro y su asesor se habrían dedicado a «‘‘abrir puertas’’, facilitar contactos y agilizar trámites» en los dos casos. Nada más, ya que, expone el instructor, ninguna de estas decisiones «correspondían a la competencia» de Ábalos o de Koldo.