Otra "chapuza" de Marlaska obliga a los policías a sacarse el permiso de conducir C1: "Ahí te apañes"

Falta de previsión, de planificación o "chapuza", sea como fuere, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a provocar el caos en la Policía Nacional. En esta ocasión, los afectados son los agentes encargados de conducir los nuevos vehículos integrales de documentación (VIDOC), las unidades móviles que van por los municipios facilitando la obtención del pasaporte y el DNI a aquellos ciudadanos que no pueden desplazarse a una comisaría.

Estos vehículos forman parte de un plan estrella del Gobierno, que parece no ver la luz al final del túnel. En 2023, la Dirección General de la Policía (DGP) gastó 3,7 millones de euros en la compra de 80 furgonetas, destinadas a la expedición de DNI y pasaportes en zonas rurales de toda España. Inversión que no incluía la adaptación exigida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyo valor asciende a 14,74 millones de euros. Y es en este punto, según señalan desde la Confederación Española de la Policía (CEP), donde "todo comienza a torcerse".

La modificación de estas furgonetas provoca que su peso supere los 3.500 kilogramos y eso, tal y como apuntan desde este sindicato policial, tiene consecuencias. La primera de ellas es la necesidad de homologarlas, para obtener la tarjeta de transporte público de mercancías (MDP) que permita su circulación. La segunda, afecta de lleno a los agentes que se ven obligados a tener el permiso de conducir C1, ya que con el B no pueden conducir vehículos de ese peso.

Abandonados a su suerte

Pues bien, según denuncian desde la CEP, los policías se han quedados solos en este trámite. Lejos de intentar solventar esta situación, Interior ha abandonado a los agentes en una suerte de "ahí te apañes". Así, del medio centenar de "compañeros" que se han examinado recientemente del teórico para obtener el C1, "casi la totalidad de ellos no han podido superar esa parte teórica", denuncian no sin antes incidir en el "nulo apoyo" recibido por parte de la DGP e Interior.

Hay que destacar que durante este proceso y hasta que los policías consigan el permiso pertinente para conducir estas furgonetas, los vehículos han estado inmovilizados y sin poder prestar atención a los miles de ciudadanos que residen en pueblos y zonas rurales. Y es que este proceso, además de retrasar aún más la implementación del proyecto, podría incrementar significativamente el gasto público, lo que pone en duda, una vez más, la gestión del Ministerio del Interior en todo este asunto.

Por todo ello, desde la Confederación Nacional de la Policía reclama a la División Económica y Técnica que "se adopten las medidas necesarias para que obtener ese permiso no sea un calvario". Exigen "menos trabas y más facilidad para trabajar" y sobre todo, que adapten ese trámite a la realidad policial. "Es un proyecto demasiado caro y muy necesario para que problemas en su ejecución acaben estropeando algo que es útil para los compañeros", concluyen.