Una acusación pide procesar al fiscal general por revelación de secretos y prevaricación administrativa
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha remitido al Tribunal Supremo un escrito mediante el que pide procesar al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid por un delito de prevaricación administrativa. La acusación popular solicita al magistrado Ángel Hurtado que emita un auto de procedimiento abreviado al considerar que la instrucción contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez ya está concluida.
No obstante, APIF solicita al juez la práctica de dos diligencias previas entre las que destaca comprobar si en el teléfono del máximo representante del Ministerio Fiscal constan o no agendados los teléfonos de Pilar Sánchez Acera, Miguel Ángel Rodríguez y varios periodistas. Según aparece reflejado en el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, la acusación defiende que "la medida no es invasiva de los derechos fundamentales, desde el momento en que varios de ellos reconocieron ante el Excmo. Magistrado instructor que tenían el teléfono del investigado y no se está accediendo a concretas conversaciones, sino a la mera constancia de si el querellado tenía o no el contacto de dichos periodistas, especialmente de quienes parecen querer servirle una coartada".
Sobre Sánchez Acera, APIF destaca en su escrito que fue la exasesora de Moncloa quien remitió la información relativa al correo del abogado del novio de Ayuso al exdirigente madrileño Juan Lobato. Del mismo modo, entiende que la medida sobre el resto de periodistas está justificada, puesto que esta ha sido solicitada por las defensas y que varios de los comunicadores afirmaron en sede judicial "conocer la información previamente, sin aportar más detalle amparados por el secreto profesional".
La acusación popular solicita al juez que requiera a la fiscal jefe inspectora los tres expedientes de dación de cuenta relativos al empresario Álberto González Amador. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se sustenta en la declaración de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, en la que dijo que debían existir necesariamente tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado. Sostienen que dichos expedientes deben estar acompañados de los correos electrónicos y firmados digitalmente, por lo que pueden aportar "una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial".
Asimismo, la acusación popular mantiene que dado que no existe más prueba por practicar que las dos declaraciones ya acordadas y las diligencias solicitadas, procedería dictar auto de procedimiento abreviado a los dos investigados por los delitos de los artículos 417 y 197 del Código Penal (revelación de secretos y vulneración de la intimidad) y por prevaricación administrativa. APIF, representada por el despacho Frago & Suárez, destaca el hecho de que Álvaro García Ortiz, sabiendo que el Tribunal Supremo había admitido la exposición razonada, borrase el contenido de su teléfono su móvil, sin trasladar la información, como sí hizo, por ejemplo, la fiscal Almudena Lastra. "Nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente", reza el escrito.