"Ni siquiera coordinan con nosotros": alcaldes y vecinos de Cañete rechazan reubicación del centro juvenil 'Maranguita'
Los alcaldes distritales y el alcalde provincial de Cañete manifestaron su enérgico rechazo a la reubicación del Centro Juvenil Maranguita, tras el anuncio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) de trasladarlo del distrito de San Miguel a San Antonio, en la provincia de Cañete. Esta decisión se tomó luego de la fuga de seis internos de nacionalidad venezolana.
Sin embargo, tanto las autoridades locales como los vecinos de Cañete han expresado su firme oposición al traslado del centro juvenil a su jurisdicción. El alcalde provincial de Cañete dejó clara su postura al afirmar: "Cañete no es albergue de la delincuencia", resaltando la importancia de respetar la voluntad de la población.
Los burgomaestres coincidieron en que no existe consenso ciudadano ni estudios técnicos que justifiquen esta medida. Además, criticaron la falta de diálogo por parte del MINJUSDH. "Ni siquiera coordinan con nosotros, ni con la autoridad local, para tener una visión clara de lo que quieren hacer", señalaron.
Alcaldes y vecinos rechazan traslado de Maranguita a San Antonio
Cientos de vecinos y los alcaldes distritales, junto al alcalde provincial de Cañete, se congregaron en la Plaza de la Identidad de San Antonio para manifestar su rotundo rechazo al traslado del Centro Juvenil Maranguita a su jurisdicción. "La seguridad es única, la tranquilidad de los pobladores es única y es lo principal que queremos trasladar al Ministerio de Justicia", declaró el alcalde de Santa Cruz de Flores, resaltando la preocupación generalizada.
El pasado viernes 9 de mayo, se firmó un acta provisional para la entrega de un terreno de 700.000 metros cuadrados en San Antonio, donde se planea desarrollar la infraestructura del nuevo Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. Esta formalización permite al Ministerio de Justicia iniciar los estudios técnicos y de ingeniería básica para el proyecto.
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Sin embargo, los alcaldes y la población local exigen al Gobierno central detener el proyecto hasta que se realicen mesas de diálogo con la comunidad y sus autoridades. Señalan que la falta de consulta previa ha sido un punto crítico, pues consideran que los residentes merecen ser escuchados antes de adoptar decisiones que impacten su tranquilidad y desarrollo.
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