El Supremo pide al Gobierno que explique por qué se niega a atender a mil menas que han pedido asilo
El Tribunal Supremo ha convocado para el próximo 29 de mayo una vista pública con el objetivo de que el Gobierno informe sobre las medidas que ha adoptado para el reparto de migrantes menores no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias.
Y es que, hay que recordar que el pasado mes de marzo el Alto Tribunal ordenó al Ejecutivo hacerse cargo, en un plazo improrrogable de 10 días, de un millar de menores no acompañados que actualmente están a cargo del Gobierno de Canarias. El objetivo era que garantizasen el acceso al sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de cerca de mil menores que han solicitado asilo.
Sin embargo, el Supremo no tiene constancia de que se haya cumplido esta medida cautelar. Según la providencia consultada por Vozpópuli, la Sala presidida por Carlos Lesmes indica que, dado que la respuesta recibida de la Administración del Estado “parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos” al requerimiento acordado en el auto de 25 de marzo, procede convocar a las partes (la Administración del Estado y la comunidad de Canarias, ésta última como demandante) a la citada vista pública.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tomaron la decisión de imponer esta medida tras haber examinado detalladamente las competencias de ambas administraciones. Por lo que vieron "imprenscindible" tomar esta medida "para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores -según resulta notorio- se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger".
El Gobierno canario solicitó esta cautelar tras exponer que, según datos de ACNUR, entre enero de 2023 y noviembre de 2024, 546 menores no acompañados habían presentado solicitud de protección internacional. A ellos debían sumarse otros 350 que se encontraban a la espera de ser atendidos para manifestar su voluntad de solicitar el asilo y otros 325 que, tras manifestar tal voluntad, estaban a la espera de ser citados para presentar la solicitud. Sumando, en total, 1.221 personas.
La Administración también manifestó que el Estado es el que tiene competencia exclusiva en materia de derecho de asilo, tal y como recoge el artículo 149.1.2 de la Constitución. De modo que estaban realizando una tarea de acogimiento de menores que tienen derecho a la protección internacional por imperativo constitucional pese a que es responsabilidad exclusiva de la Adminsitración General del Estado.