El Consejo de Ministros aprobó este martes otro proyecto de reforma de la Justicia , enésimo episodio de la actividad legislativa por entregas, la mayoría fallidas, que se reparten el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan. Ahora se trata de modificar el régimen de permanencia del fiscal general del Estado en su cargo. El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como una reforma necesaria para el futuro proceso penal, en el que la investigación de los delitos estará en manos del Ministerio Público. La explicación suena a otra trampa del Gobierno, similar a la que el PSOE quiso perpetrar con la 'ley Begoña' cuando la justificó para evitar «acciones judiciales abusivas», según el peculiar dialecto que emplean La Moncloa y Ferraz para encubrir sus verdaderas intenciones legislativas. Tan burda era la intentona antidemocrática de la 'ley Begoña' que el texto ha quedado encallado. Ahora, el Gobierno reedita su estrategia de confusión vendiendo otro artefacto propagandístico. Si realmente se quiere adaptar la Fiscalía General del Estado al nuevo procesal penal, lo lógico sería que el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal estuviera ya en el Congreso de los Diputados. No es así, de manera que resulta inverosímil que la reforma de la Fiscalía sea ahora mismo necesaria para un modelo de proceso penal que no solo no está aprobado, sino que tampoco es proyecto de ley tramitándose en las Cortes. La reforma de la Fiscalía General del Estado tendría como eje fundamental la prolongación del mandato de su titular de cuatro a cinco años y la desvinculación de su finalización respecto del cese del Gobierno que lo nombró. Además se anuncia que ningún gobierno, ni el central ni los autonómicos, podrán dar instrucciones a la Fiscalía, y que el cese del fiscal general por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones requerirá un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Todo esto suena bien, pero solo es ruido si no se integra en una reforma estructural del Ministerio Público, porque si no es así, la reforma anunciada parece realmente perseguir la consolidación de un régimen interno caudillista, al estilo del que dirigió Cándido Conde-Pumpido con los efectos sectarios que tuvo. El problema del crédito del fiscal general no se proyecta solo en sus relaciones con el Gobierno que lo nombra, sino en las relaciones internas con sus subordinados y con los órganos colegiados que deben asesorarlo, es decir, el Consejo de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal. Bien está reducir formalmente las servidumbres del fiscal general con el Ejecutivo, pero será inútil si, en su lugar, mantiene un mando jerárquico sin contrapesos internos. La irrupción de esta reforma en el debate político es un anzuelo que lanza el Gobierno para que lo muerda la opinión pública, con la finalidad de difuminar el desprestigio de la Fiscalía, causado por la insostenible situación de Álvaro García Ortiz . Es la táctica del bombero pirómano. Lo que la justicia penal y los fiscales españoles necesitan no son enjuagues con el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, sino una regeneración que comience con el cese inmediato de García Ortiz y de todos los intentos del PSOE de coartar la independencia judicial y de yugular todo mecanismo de control ciudadano –la acusación popular– sobre la corrupción a través del proceso penal. Plantearse siquiera en estas condiciones que el Ministerio Fiscal asuma la investigación de los delitos en España es una provocación del Gobierno y del PSOE a la sociedad.
