Israel amonesta a la embajadora de España después de que Sánchez les llamara "Estado genocida"
El de hoy es el enésimo encontronazo oficial entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Benjamin Netanyahu desde la ola de atentados de Hamas el siete de octubre de 2023 en suelo israelí. La embajadora española, Ana Salomón Pérez, ha vuelto a recorrer la carretera que une Tel Aviv, donde está la legación, hasta el Ministerio de Exteriores en Jerusalén para ser amonestada.
Israel la convocó ayer mismo tras lo que calificó como «duras declaraciones» del presidente del Gobierno, que el mismo día en el Congreso dijo que nuestro país "no vende armas a ningún «Estado genocida». «Tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la embajadora española en Israel ha sido citada a una reunión de amonestación en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén», indicó un portavoz de este departamento.
Fuentes diplomáticas españoles han asegurado a este periódico que no habrá comentarios sobre el contenido de la reunión. Dado que desde el Gobierno de Netanyahu tampoco ha habido una reacción se entiende que podrían haber acordado el silencio para no escalar, aún más, en el conflicto diplomático que ya es un abismo entre los dos países.
La de hoy no es la primera vez que Ana Salomón Pérez es convocada a Jerusalén. Las reiteradas críticas de Pedro Sánchez a la campaña en Gaza que siguió a la brutal ola de atentados de Hamas fue caldeando el ambiente hasta la ruptura definitiva en mayo de 2024, cuando el Gobierno reconoció al Estado palestino. Inmediatamente después de aquel gesto, el primer ministro israelí llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Rodica Radian Gordon.
Desde ese momento, el cargo de jefe de misión de la legación hebrea ha estado desierto y las relaciones entre ambos países han sido gélidas. La Embajada se mantiene aún al nivel del encargado de Negocios, Dan Poraz.
El último choque tuvo lugar hace apenas dos semanas. El pasado 24 de abril, Sánchez anunció la rescisión de un contrato de compra de balas a una empresa israelí para preservar la coalición con su socio de Gobierno de izquierdas Sumar. Se trataba de un contrato con la empresa IMI Systems para la compra de 15 millones de balas para la Guardia Civil por importe de 6,6 millones de euros.
Tras el anuncio de la rescisión, Israel condenó "enérgicamente" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que estaba "sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos". Según dijo entonces Exteriores israelí, con su decisión, el Gobierno español continuaba "en el lado equivocado de la historia" y se posicionaba "en contra del Estado judío, que se defiende de ataques terroristas en siete frentes".