Trump manda nueva amenaza hacia inmigrantes en EEUU: "Si no se van voluntariamente les embargaremos sus bienes"
El 9 de mayo de 2025, el presidente Donald Trump emitió una proclamación que refuerza las restricciones contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Esta orden ejecutiva determina que quienes no opten por la autodeportación se enfrentarán a arrestos, encarcelamiento, multas y la confiscación de sus bienes. Esta medida forma parte de una política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal, que busca intensificar la vigilancia y el control sobre este fenómeno.
Durante el programa "Hablemos de Inmigración" de Univisión, el editor Jorge Cancino y los abogados Armando Olmedo y Ale Gálvez analizaron las implicaciones legales de esta proclamación. Destacaron que, aunque la permanencia indocumentada es una infracción civil, la confiscación de bienes podría considerarse una sanción desproporcionada y posiblemente inconstitucional.
¿Es legal esta medida de embargo de bienes propuesta por Donald Trump contra los inmigrantes?
Expertos en inmigración cuestionan la legalidad de embargar propiedades a inmigrantes cuya única falta sea la permanencia sin autorización en el país. Argumentan que esta medida podría violar derechos constitucionales y exceder las sanciones previstas por la ley para infracciones civiles.
Además, la proclamación no especifica claramente los procedimientos legales que se seguirían para llevar a cabo los embargos, lo que genera incertidumbre sobre su aplicación práctica y su conformidad con el debido proceso legal.
¿Cuáles son los desafíos legales de esta nueva medida impulsada por Donald Trump?
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por la proclamación, calificándola de punitiva y discriminatoria. Advierten que podría fomentar el miedo y la desconfianza en las comunidades inmigrantes, dificultando su integración y acceso a servicios esenciales.
Se anticipa que la proclamación enfrentará desafíos legales en los tribunales, donde se evaluará su constitucionalidad y su compatibilidad con las leyes federales de inmigración. Abogados y defensores de los derechos civiles están preparando acciones legales para impugnar las disposiciones más controvertidas de la medida.