BBVA no responde a la consulta que abrió el Gobierno sobre la OPA por Sabadell, que sí ha participado en el proceso

BBVA ha decidido no participar en la consulta pública que abrió el Gobierno sobre la oferta pública de adquisición (OPA) anunciada por la entidad sobre Banco Sabadell, según han trasladado a Europa Press en fuentes cercanas al banco presidido por Carlos Torres. “BBVA considera que no hay factores de interés general afectados por la operación”, señalan estas mismas fuentes, que apuntan a que los compromisos asumidos por el banco ante Competencia favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos.

Desde el entorno del banco vasco han señalado que, como parte interesada en el procedimiento, se ha trasladado sus consideraciones al propio Ministerio de Economía y el resto de autoridades en el propio procedimiento. Durante el año que esta operación lleva en marcha, BBVA siempre ha defendido que la OPA es positiva para clientes, empleados y accionistas de ambas entidades. También han destacado que permitirá elevar la capacidad de préstamo en 5.000 millones de euros.

A diferencia de BBVA, Banco Sabadell sí que ha participado en la consulta pública, según fuentes de la entidad. Esto era algo que el consejero delegado de la firma, César González-Bueno, adelantó el pasado 8 de mayo durante la presentación de sus cuentas trimestrales. Se trata de la primera vez que el Gobierno emplea una consulta pública para una operación corporativa de este tipo aunque es un procedimiento habitual en otro tipo de desarrollos normativos.

Aunque el CEO de Banco Sabadell no desveló el contenido de la respuesta del banco, en una conferencia con analistas ese mismo 8 de mayo aseguró que la operación debería tener unos “'remedies' significativos” para mitigar el daño que podría generar. En este sentido, González-Bueno también destacó hace menos de dos semanas que existe un “rechazo generalizado” por parte de los actores económicos y que la acción de BBVA “ha perdido valor para ser moneda de cambio” en la operación.

El plazo para participar en esta consulta se termina este mismo viernes. El Ministerio de Economía tiene luego de plazo hasta el 27 de mayo para decidir si eleva o no la cuestión al Consejo de Ministros. “La consulta no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones o como un sí o un no a la propia OPA”, ha indicado este viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en TVE. El ministro ha detallado que el Ejecutivo busca obtener “información cualitativa relevante” de cuáles son los motivos de interés general que puedan tener las personas afectadas o involucradas.

Los próximos pasos

Si la operación es elevada al Consejo de Ministros, el Gobierno dispone de un mes para decidir si aprueba la operación en los términos aprobados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o si pone condiciones adicionales a los compromisos planteados por BBVA. La legislación no contempla que el Gobierno pueda bloquear la operación en este procedimiento.

Solo cuando el Gobierno agote su papel, será cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto. Tras lo cual, BBVA tiene que decidir el periodo de aceptación de la OPA, que puede ir de 15 a 70 días, según la normativa. El 30 de abril, la CNMC emitió su informe en el que aprobó en fase 2, con compromisos, pero por unanimidad, la operación que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell.

Competencia detectó riesgos en los mercados de banca minorista, tanto en servicios prestados a particulares, como pymes y autónomos, así como en mercados de medios de pago, aunque consideró que los compromisos propuestos por BBVA son “adecuados, suficientes y proporcionados” para solucionar los problemas que esta concentración supone para la competencia.

En concreto, la CNMC acordó con BBVA una serie de compromisos ('remedies' en la jerga) para garantizar la presencia de oficinas de Sabadell y el acceso a cajeros en zonas poco pobladas, con rentas bajas o con escasa competencia.

La mayoría de los compromisos tendrá una duración de tres años (36 meses), prorrogables por otros dos años más en el caso del crédito a pymes; y de año y medio (18 meses) en el caso de los cajeros. La CNMC supervisará el cumplimiento de los compromisos durante el tiempo estipulado y BBVA deberá informar a Competencia en los plazos acordados para ello.