Lava Jato: Brasil suspende la colaboración jurídica con Perú en casos de Odebrecht
Otro golpe al caso Lava Jato. Por cuarta vez, la Secretaría Nacional de Justicia de Brasil suspendió la cooperación jurídica internacional con Perú en los procesos que involucren a la empresa Odebrecht Ingeniería & Construcción, hoy Novonor, por un presunto uso irregular de la información entregada por la constructora en su delación premiada, en procesos judiciales y de arbitraje en el Perú.
Las suspensiones de la cooperación internacional se dieron en respuesta a solicitudes de Novonor, presentada en abril de 20924, bajo el argumento de que las autoridades peruanas habían desconocido limitaciones al uso de pruebas estipuladas en los términos de compromiso de los convenios de cooperación con la Procuraduría General de la República (PGR) y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI) del Ministerio de Justicia.
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El documento firmado por el secretario nacional de justicia, Jean Uema, indica que un año después de la solicitud presentada por Novonor, las autoridades peruana no han presentado información que aclare "el supuesto uso irregular de evidencia y el incumplimiento de los acuerdos suscritos previamente para recibir cooperación internacional.
Los antecedentes del caso Lula
Uema cita como preocupante una respuesta de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) de Perú en la que se señala que las sentencias emitidas por el juez supremo federal José Antonio Dias Toffoli "no tienen efectos para el Estado peruano". En septiembre de 2023, en el caso Luiz Inácio Lula da Silva, Dias Toffoli resolvió que todas las pruebas obtenidas en el acuerdo de clemencia de Odebrecht de los servidores y sistemas Drousys y My Web Day B carecían de valor para ser utilizadas en procesos penales, electorales, civiles o de la mala conducta administrativa en Brasil.
Por su parte, la Coordinadora de Recuperación de Activos de la Secretaria Nacional de Justicia informó que la Procuraduría General de la República había recibido información desde noviembre de 2022 de que las autoridades peruanas desconocían los compromisos asumidos de no utilizar las pruebas producidas en Brasil en contra de Odebrecht y sus intereses. En noviembre de 2022, la PGR suspendió la cooperación con el Perú, pero reanudó los contactos tras un acuerdo con los fiscales peruanos. En enero de 2023 hubo una segunda suspensión, pero en septiembre de 2023 se volvió a reactivar, luego de nuevos compromisos de la parte peruana.
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En abril de 2024, la PGR volvió a suspender la cooperación con el Perú citando la Convención de las Naciones Unidas contra las Corrupción en la que se establece que el Estado parte solicitando "no transmitirá ni utilizará, sin consentimiento previó del Estado parte requerido, la información o pruebas proporcionadas por este último para investigaciones, procedimientos o actuaciones judiciales distintas a las indicadas en la solicitud" que activó la cooperación.
El arbitraje por el Gasoducto del Sur
Novonor se queja que el Perú utiliza las información entregada en el proceso de delación premiada para perseguirla. Además, que las autoridades peruanas han utilizado una declaración del ex superintendente de Odebrecht, Jorge Simoes Barata, en un proceso de arbitraje iniciado por la empresa brasileña con el Estado peruano en Londres, relacionado con el inconcluso proyecto del Gasoducto del Sur Peruano. Odebrecht reveló pagos irregulares a privados sobre temas de seguridad al mencionado proyecto.
En el proceso de arbitraje en Londres, Odebrecht-Novonor reclama una indemnización de US$ 1,200 millones de dólares por las inversiones realizadas en el proyecto del Gasoducto, que tenían un avance del 30% cuando se paralizaron las obras. El Perú argumenta que hubo corrupción en la licitación para la construcción y operación del ducto para transportar gas al región sur del país.