Miles de menores extranjeros, «abocados a la irregularidad»
En plena batalla –política y judicial– por el reparto de los menores migrantes no acompañados que aguardan en Canarias, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un extenso informe en el que analiza la situación actual y futura de las «niñas y niños extranjeros en España solo o acompañados». Un documento en el que, en sus cerca de 200 páginas, avisa de las nefastas consecuencias que para ellos tendrá el nuevo reglamento de Extranjería (aprobado en noviembre) que entrará en vigor el próximo martes. Y entre ellos, una destaca sobre el resto: miles de esos menores «podrían verse abocados a una situación de irregularidad sobrevenida».
Una tajante afirmación que justifica en relación a la nueva configuración de los requisitos generales de arraigo establecidos en el reglamento 1155/2024, de 19 de noviembre, en concreto en su disposición transitoria quinta (Autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo). Tal y como explica el Defensor, hasta ahora, «las personas solicitantes de protección internacional a las que se les denegaba la protección podían acceder a la figura del arraigo, si su permanencia en España superaba los dos años». Sin embargo, denuncia que a partir del próximo día 20, a tenor de la nueva redacción, «esta alternativa, que facilitaba la integración sociolaboral de quienes habían esperado años la respuesta de la Administración, parece que no sería viable».
Y, ¿qué consecuencias se derivarían de este reglamento y los nuevos requisitos generales de arraigo que fija? Según la institución encabezada por Gabilondo, que «miles de solicitantes de protección internacional y sus hijos» podrían verse abocados a esa «situación de irregularidad sobrevenida». ¿Cuántos? El Defensor del Pueblo cree que es «prematuro» dar una cifra, aunque sí que señala, a modo de ejemplo, que, según datos del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre del pasado 2024, 133.102 solicitudes estaban pendientes de admisión y 108.954 pendientes de resolución. Cifras que «ponen de manifiesto que dicha modificación afectará notablemente a la situación de miles de niños y niñas».
Pero no se queda solo ahí el informe y, página a página, va sacando a la luz carencias tanto del nuevo reglamento como de la burocracia que en la actualidad rodea a los menores migrantes, se encuentren en nuestro país acompañados o no.
Así, se refiere, entre otros, a todos los «obstáculos» que encuentran para que los niños y niñas «disfruten» de sus derechos, como es esa regulación de su situación en el país. En este sentido, avisa de «la situación de invisibilidad que para estos niños y niñas conlleva la irregularidad documental de sus familias», algo que, en la práctica, «les conduce a no poder acogerse a las obligaciones generales de protección de la infancia que se aplican al Estado en el que residen».
En esa burocracia insiste para también criticar que «la infancia que, con o sin sus progenitores, se desplaza en contextos migratorios por motivos diversos, se enfrenta con frecuencia a prácticas administrativas o incluso a normas que no ponen en el centro su condición de menores de edad».
Y va más allá al denunciar que «el enfoque de lucha contra la inmigración irregular por parte de algunos países funciona como un factor disuasorio para que los niños y niñas indocumentados y sus familias acudan a los organismos oficiales o establezcan contacto con las administraciones con el objeto de hacer valer sus derechos». Resultado: «Quedan expuestos a una situación de triple vulnerabilidad, como menores, como personas migrantes y como personas indocumentadas».
Centrándose en lo que afecta a los no acompañados, pone en cuestión el sistema establecido para su protección, en relación a la sobresaturación de algunas comunidades. Esto, denuncia, «contribuye a que alcancen la mayoría de edad en situación de extrema vulnerabilidad».
En este sentido, al hablar del nuevo reglamento, apunta que apenas modifica el anterior, apuntando «dos cuestiones que preocupan»: aspectos sobre la autorización de residencia o la desaparición de la mención a la obligatoriedad de que «en todas las tarjetas de identidad de extranjero, de los mayores de 16 años, constara la leyenda de ‘‘autoriza a trabajar’’».
Por ello, «tras más de 25 años de llegadas de menores no acompañados a España», reclama una revisión de las medidas dirigidas a «su efectiva protección, durante su minoría de edad y para su integración sociolaboral» al alcanzar la mayoría de edad.