A lo largo de una hora, la Abogacía del Estado intentó hallar fisuras en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las comunicaciones de Álvaro García Ortiz y sus subordinados, relativas a la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, de quien nadie hablaría si no fuera la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Vano empeño el de la Abogacía del Estado, porque, durante su interrogatorio, los autores del informe se ratificaron en todas sus conclusiones, especialmente la que atribuye al fiscal general una «participación preeminente» en la revelación de secretos que investiga en el Supremo el magistrado Ángel Hurtado. El interés de la Abogacía del Estado por desmontar el informe de la UCO es directamente proporcional a la importancia de este documento como prueba de cargo contra García Ortiz. Y, por esto mismo, cobra especial relevancia que el intento de la Abogacía del Estado, defensora del fiscal general, haya fracasado. Las diligencias de investigación en este caso van tocando a su fin y la lógica de la instrucción indica que, tras la declaración de González Amador la próxima semana, el juez Hurtado tomará decisiones definitivas sobre la imputación de García Ortiz. La confirmación de los indicios de participación directa del fiscal general en la trama de la filtración contra González Amador convierte en más que probable la apertura de juicio oral contra el máximo representante del Ministerio Público. No cabe mayor anomalía en esta institución, esencial para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Tampoco es casualidad que el Gobierno y el PSOE hayan activado un debate tóxico sobre los informes de la UCO, a cuenta del caso del fiscal general y también del que afecta a José Luis Ábalos. Corrieron rápido portavoces y medios afines al Gobierno a culpar a la Guardia Civil de la aparición en prensa de conversaciones por WhatsApp entre Pedro Sánchez y su estrechísimo colaborador como ministro y número tres del PSOE. Daba igual que fuera una acusación falsa contra la Guardia Civil. Lo importante era crear un ambiente que, llegado el momento, permita al Ejecutivo tener una coartada para desmantelar la UCO o, al menos, cesar y nombrar a conveniencia a responsables de esta unidad policial para desactivar las investigaciones que, por recaer en sus entornos de confianza familiar y política, cercan, cada día más y más intensamente, al presidente del Gobierno. La UCO, lo mismo que las unidades homólogas de la Policía Nacional, desarrollan una labor esencial en la investigación de los principales casos de corrupción, pero lo hacen como Policía Judicial, no como unidades de investigación al servicio del Ejecutivo. Atacarlas o defenderlas según qué gobierno o partido sea el perjudicado por sus informes es torpe manera de entender su papel colaborador con la Administración de Justicia. En todo caso, si han llegado a asumir responsabilidades que ocasionalmente han desbordado el marco policial ha sido precisamente con el consentimiento de jueces y fiscales, que en no pocos asuntos de gran importancia han descargado en estas unidades de investigación juicios de valor propios de los tribunales o del Ministerio Fiscal. En el caso de Álvaro García Ortiz, el informe de la UCO se ajusta estrictamente a un dictamen policial , sin valoraciones exorbitantes, y si ha adquirido un valor cualificado no es porque esté haciendo de más, sino porque la Fiscalía está haciendo de menos, obviando el mandato constitucional de defender el principio de legalidad ante los tribunales de Justicia.
