Boluarte convierte al Reinfo en un "valor" heredable
Aprovechando una salida oficial a Roma autorizada por el Parlamento, tras la reciente recomposición del gabinete provocada por la salida del expresidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, el Gobierno de Dina Boluarte tomó una decisión que profundiza la crisis de seguridad: la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
El Reinfo fue creado con el objetivo de integrar a los mineros artesanales a la legalidad, exigiéndoles un compromiso con la tributación, la sostenibilidad ambiental y la trazabilidad de su actividad. Sin embargo, en la práctica, este registro se ha convertido en un vehículo para blindar la minería ilegal.
Hoy, mafias dedicadas a la extracción informal del oro se amparan en el Reinfo para asegurar el control sobre tierras explotables, eludir impuestos y consolidar su dominio sobre mercados paralelos, incluidos otros de carácter ilícito. Además de desaparecer del radar del Estado.
La situación se agrava con la reciente aprobación del Decreto Supremo nº 009-2025-EM, que introduce —sin debate público ni sustento técnico visible— una disposición que permite heredar las inscripciones en el Reinfo. Esta medida no solo normaliza el descontrol, sino que institucionaliza la transmisión generacional de derechos adquiridos al margen de la ley. Esto hay que cambiarlo, el Reinfo se obtiene dentro del marco de la ley. Lo crítico es que se permita su uso para actividades ilegales y que se convierta en algo permanente e indefinido, con lo cual nadie va a querer formalizarse. El objetivo del Reinfo era formalizar al minero. Pero si es posible heredarlo, lo conviertes en un permiso indefinido. Un acto administrativo se transforma en un derecho, un valor que pasa de padres a hijos.
A esta decisión se suma la ampliación del estado de emergencia en Lima, dispuesta por el nuevo jefe del gabinete, Eduardo Arana. Una medida que, aplicada de forma casi automática, evidencia la ausencia de un enfoque basado en resultados y en inteligencia operativa. En vez de ofrecer soluciones estructurales, se recurre a acciones simbólicas que no reducen la violencia ni el crimen organizado.
Los resultados de esta inercia son trágicamente visibles. Hace apenas unos días, un menor de seis años perdió la vida tras recibir el impacto de una bala disparada por sicarios contra un autobús público en el distrito de Independencia. Todo como resultado de cupos.
Por otro lado, como ha revelado un reciente informe de La República, más del 60% de los inscritos en el Reinfo desertan del proceso de formalización.
El Estado no solo pierde el control sobre sus actividades, sino también la oportunidad de recaudar, regular y proteger los territorios afectados por esta práctica. Lo que fue diseñado como un puente hacia la legalidad ha devenido en un refugio institucional para la ilegalidad más rentable del país.