Los supermercados reprochan a Díaz que presente la reducción de la jornada laboral casi como la única iniciativa que ha beneficiado a sus trabajadores
El sector de los supermercados y la distribución mayorista de alimentación está, como casi todos los sectores económicos -por no decir todos- en contra de la reducción de la jornada laboral que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha impuesto junto a los sindicatos sin el acuerdo de los empresarios. Y su patronal mayoritaria, Asedas, que representa al 75% de la distribución alimentaria, así se lo ha hecho saber en una dura carta a la ministra, en la que le afea, además, que transmita la sensación de que es la única que haya velado por los intereses de los trabajadores de este negocio.
En la misiva, firmada por el presidente de Asedas, Josep Antoni Duran i Lleida, se expone “la firme oposición al Proyecto de Ley sobre reducción de la jornada laboral” aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo y remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
Duran i Lleida traslada el profundo malestar de las empresas de Asedas por “la manera en la que se ha presentado el Proyecto de Ley, como una iniciativa que venía a beneficiar, sobre todo, a los millones de trabajadores del comercio y la distribución”. “Como si”, añade, “en muchos años de fructífera negociación colectiva, no se hayan tenido en cuenta sus necesidades, cuando los empresarios y los representantes de los trabajadores han acordado las mejores condiciones posibles para ambos en los convenios vigentes”.
Los informes en que se han basado dichas presentaciones, según esta organización, indican un profundo desconocimiento de la realidad socioeconómica y laboral de la distribución, proyectando “una imagen negativa y no justificada” que, continúa el presidente de Asedas, "ignora el servicio que prestamos a la sociedad en nuestros establecimientos, sus amplísimos horarios de apertura al público (para atender todo tipo de necesidades familiares y sociales) y la enorme flexibilidad con la que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos a los que servimos".
Esta situación se achaca desde Asedas a la falta de diálogo con los representantes de los empresarios, "que nos ha impedido explicarte con detalle por qué la consideramos inadecuada y perjudicial". Por ello, añade Duran i Lleida, "vamos a solicitar a todos los grupos parlamentarios en las Cortes que apoyen las enmiendas a la totalidad del proyecto".