Relación con el nuevo embajador y con Washington
El retiro de la visa estadounidense a una gobernadora mexicana en funciones es una decisión inédita que obliga al gobierno de México a revisar cuidadosamente su actual estrategia de vinculación con el nuevo embajador Ronald Johnson (que hoy entrega sus cartas credenciales a la presidenta Sheinbaum) y con autoridades pertinentes (políticas y en materia de seguridad) en Washington. Esta revisión debe realizarse teniendo como telón de fondo estos dos posicionamientos del presidente Trump en la materia.
El primero, anotado en la orden ejecutiva que Trump firmó el pasado 2 de febrero: “Las organizaciones narcotraficantes de México tienen una alianza intolerable con el gobierno de México. Esta alianza pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, y nosotros tenemos que erradicar la influencia de estos peligrosos cárteles del entorno bilateral. El gobierno de México ha procurado refugios seguros para que los cárteles se involucren en la manufactura y transportación de drogas ilícitas”.
Queda muy clara, en esta temprana declaración, la presunción de Estados Unidos de que en algunas áreas del Estado mexicano, presumiblemente en las áreas de seguridad y justicia de una gran cantidad de gobiernos subnacionales y municipales, existe un sólido lazo entre políticos y funcionarios públicos, por un lado, y líderes y operadores de organizaciones criminales, por el otro.
Hace apenas un par de semanas, el 5 de mayo, el presidente Trump (sin abandonar su tono cortés y sus usuales cumplidos con la presidenta Sheinbaum) declaró lo siguiente: “si México quiere ayuda con los cárteles, sería para nosotros un honor ir y hacerlo. Se lo dije. Sería un honor para mí, ir y hacerlo. Los cárteles han intentado destruir nuestro país. Son malvados … Así que si (la presidenta Sheinbaum) dijo que me ofrecí a hacerlo, pues tiene toda la razón… ella le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede avanzar, y esa es la razón (por la que rechazó la propuesta)… le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”.
Esta última declaración es delicada porque revela que, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la presidenta Sheinbaum en los siete meses que van de su administración para colaborar generosamente con las autoridades de Estados Unidos, existe claramente la percepción de que podría hacer aún mucho más, pero de que no lo hace por “temor”, porque está “asustada”.
¿Temor de qué, asustada de quién? De los cárteles, dicen los americanos. ¿Y qué o quiénes son ‘los cárteles’, de acuerdo con ellos? Pues entidades criminales que también están construidas por camarillas políticas que, como ya lo dijo Trump más arriba, guardan una ‘alianza intolerable’, una relación de carácter simbiótico con algunos segmentos del Estado mexicano (presumo que con las élites políticas de algunos gobiernos subnacionales o municipales).
El gobierno de Sheinbaum tiene entonces el grave problema de que en las altas esferas del gobierno estadounidense se considera, al parecer, que ha sido eficaz en luchar contra los grupos criminales, pero que ha sido omiso en lo que respecta a la anulación y desmantelamiento de sus redes políticas, lo cual garantiza la pervivencia de tales grupos en el mediano y largo plazos.
De ahí que los estadounidenses estén señalándole al gobierno federal, con mucha claridad y con la aparente sutileza de un retiro de visa (digo ‘aparente’ porque en la práctica los efectos de ese retiro de la visa para la credibilidad y la eficacia política de la gobernadora Marina del Pilar serán devastadores), el punto que ellos identifican como la punta del iceberg, y que son, según parece, los feudos políticos de gobernadores y alcaldes, compuestos por sus familias y socios políticos, quienes guardan una articulación íntima con algunos cárteles y mafias en sus estados o municipios a lo largo del país.
Parece claro entonces que la recalibración que tendrá que realizar el gobierno mexicano tanto de su relación con EU, como de su política de seguridad interna, tendrá que pasar por el redireccionamiento de algunas de sus acciones contra nuevos blancos de carácter político-criminal, lo cual (si se hace con tino) presumiblemente reducirá la impaciencia y los malestares de las autoridades del norte en relación con el cauce por el que va avanzando el país.
Lo anterior representa para la presidencia de Sheinbaum una partida a varias bandas que pondrá pronto a prueba sus capacidades de diseño y gestión estratégicas en los tableros de la política y de la seguridad.