La universidad privatizada por el PP ficha de colaboradora a la exconsellera Pradas, principal imputada en la causa de la DANA

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) ha fichado como colaboradora a la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa de la DANA. Se trata de la universidad 'online' que creó el Gobierno autonómico de Francisco Camps y que fue privatizada por su sucesor, Alberto Fabra, por 5,7 millones a pesar de que costó seis veces más. La VIU firmó un contrato de colaboración con la exconsellera del Ejecutivo de Carlos Mazón con fecha de inicio del pasado 9 de mayo, según han confirmado varias fuentes a elDiario.es. Pradas cuenta con un correo electrónico corporativo que la universidad presta a sus colaboradores externos, una figura de la que se nutre la VIU para tareas puntuales como correcciones de trabajos finales, 'masterclass' o elaboración de contenidos docentes que no implica una relación laboral continuada.

La exconsellera ha confirmado a este diario su incorporación al área de Derecho de la VIU. “Vuelvo a ejercer la abogacía y la docencia, como hice durante muchos años”, ha afirmado. Pradas también ha tramitado el alta y ya figura reconocida como mediadora en el registro del Ministerio de Justicia (cuenta con un curso de especialización en materia de mediación civil y mercantil). La VIU, por su parte, ha declinado comentar la contratación.

Salomé Pradas, jurista de formación, ya anunció el pasado 9 de mayo en su cuenta de Instagram que volvía a dedicarse a la abogacía y la consultoría jurídica. La exconsellera figura dada de alta desde 2001 en el Ilustre Colegio de Abogados de Castelló, en el que consta actualmente como ejerciente, según el Censo de Letrados del Consejo General de la Abogacía Española. Pradas también fue profesora asociada de Derecho Mercantil en la Universitat Jaume I de Castelló, la universidad pública en la que se licenció.

El contrato de colaboración, de carácter anual, implica el cobro mensual de las tareas asignadas, en función de tarifas específicas por cada contribución del personal externo. Es decir, Pradas cobraría en función de los trabajos que se le encarguen.

El fichaje de Pradas en la VIU empezó a cocinarse semanas antes de su imputación en la causa de la DANA del pasado 10 de marzo, según ha podido saber este diario. Fue una decisión polémica dentro de la VIU, dada la cuestionada gestión de la expolítica del PP al frente de la emergencia de la DANA del pasado 29 de octubre. La contratación de Pradas se ha llevado con cierta discreción en el seno de la universidad 'online'.

La VIU, con sede en València y actualmente propiedad de Planeta, se llegó a plantear el fichaje de Salomé Pradas mediante un contrato laboral (estable, en contraste con el de colaboración), una opción que, finalmente, no llegó a cuajar.

Pradas, cuya defensa en la causa de la DANA ejerce el exmagistrado Eduardo de Urbano, alegó el pasado 11 de abril durante su declaración ante la jueza instructora que carecía de experiencia y de conocimientos técnicos en materia de emergencias. La investigada se presentó ante la magistrada como una licenciada en Derecho que en sus 10 años de trayectoria política en el PP “no había ejercido ningún cargo institucional relacionado con emergencias”.

Una privatización cuestionada ante notario por el rector

El proceso de privatización de la VIU en 2013, pilotado por María José Catalá, consellera de Educación del Gobierno popular de Alberto Fabra, fue cuestionado de plano por el rector, Juan Manuel Badenas, que denunció presuntas irregularidades durante la venta en un documento ante notario desvelado por elDiario.es. Un mes después de su adquisición, la VIU duplicó su valor, según un informe de estimación técnica.

Tras su privatización, la VIU se convirtió en un caladero de cargos de confianza del PP a los que puso en nómina. Catalá, actualmente alcaldesa de València, también es colaboradora en la VIU, aunque se ha negado reiteradamente a detallar los cobros percibidos de la universidad que privatizó.

Por su parte, Juan Manuel Badenas, el rector que denunció ante notario un posible “perjuicio” a los intereses de la Generalitat Valenciana con la venta de la VIU, fue vicealcalde de Catalá por Vox, hasta su salida del partido de extrema derecha el pasado 3 de marzo a consecuencia de las presuntas irregularidades en la contratación municipal, actualmente investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un mes después de su expulsión, Badenas fue reintegrado en el grupo municipal de Vox, aunque sin el rango de segundo teniente de alcalde que ostentaba.