Tenemos una obligación constitucional con la vivienda

Las políticas públicas tienen gran capacidad para resolver problemas, pero requieren determinación y voluntad. Desde el Ministerio de Consumo lo estamos demostrando. Hemos asumido nuestra responsabilidad para encontrar soluciones a la vulneración del derecho a la vivienda y el incumplimiento de las normas, y ahora este ejemplo debe servir para que todas las administraciones activen las herramientas que tienen a su alcance. 

Si formulo tal afirmación no es por mera convicción, que también, sino porque es, ni más ni menos, una obligación constitucional. Las administraciones públicas tenemos el compromiso constitucional de velar por el derecho a la vivienda. Sólo así se puede solucionar un problema tan acuciante y multifactorial como el de la vivienda en nuestro país.

La crisis residencial que estamos padeciendo es gravísima.  Según las últimas encuestas del CIS, la vivienda se ha situado como la principal preocupación de la ciudadanía. El motivo es evidente: el encarecimiento del alquiler y de la compra está impidiendo el acceso a este bien básico. Es fundamental que no normalicemos las causas que han provocado este problema, y que las administraciones asumamos la responsabilidad de resolver esta situación, cada una dentro de nuestro ámbito de competencias.

La vulnerabilidad para acceder a la vivienda tiene un revés, la impunidad de empresas y grandes propietarios que hacen negocio abusivo o ilícito con ella. La inacción política lo ha consentido y esto es lo primero que hay que cambiar. Esta semana desde el Ministerio de Consumo hemos anunciado la solicitud de bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos en Airbnb por incumplir la normativa publicitaria, una medida cautelar que ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para los primeros 5.800 anuncios. Esta medida se suma a los expedientes sancionadores abiertos por el Ministerio en materia de pisos turísticos, que siguen su curso. Exigir que se cumpla la ley es una obligación de cada administración en su ámbito de competencias; y, aunque parezca sorprendente, a veces basta con cumplir con esta sencilla obligación para lograr resultados significativos.

No es la primera vez que la política de consumo logra solucionar problemas en el ámbito de la vivienda. Contamos con el importante precedente de las victorias en los tribunales europeos contra las cláusulas abusivas en las hipotecas. Allí donde la legislación bancaria dejó desprotegidas a las familias, la normativa de consumo resultó ser un salvavidas. Esta demostración, iniciada por las asociaciones de consumidores, ahora se está aplicando a nuevos ámbitos. En Cataluña también se están realizado importantes avances aplicando la normativa de consumo para proteger a los inquilinos. 

Ahora es el Ministerio quien utiliza estos mecanismos para actuar sobre el mercado de la vivienda. Más allá de las viviendas turísticas, el Ministerio de Consumo también ha iniciado un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por el cobro ilegal de comisiones a inquilinos. La ley de vivienda de 2023 prohibió expresamente el cobro de estas comisiones y, sin embargo, es uno de los abusos más frecuentes por la vulnerabilidad de quien busca una vivienda de alquiler. Además, esta ley estableció que el arrendamiento y la compraventa de vivienda están cubiertos por la política de defensa de los consumidores, lo que refuerza las actuaciones que estamos llevando a cabo.

Sin embargo, sus artículos más importantes no se están aplicando en la mayoría de las comunidades autónomas debido a la falta de voluntad de sus Gobiernos. ¿Se imaginan qué ocurriría si cada administración asumiera su responsabilidad? ¿Si se reconocieran la existencia de zonas tensionadas en más ciudades o si los ayuntamientos restringieran las licencias de los pisos turísticos y persiguieran los que carecen de ellas? ¿Si se penalizara la vivienda vacía o si se gravara la inversión especulativa en vivienda en lugar de fomentarla? ¿Si se invirtiera decididamente en vivienda pública, rehabilitación y regeneración urbana? ¿Si se dejara de vender el parque público existente o si se modificara la fiscalidad para que el rentismo dejara de ser atractivo? ¿Si cada poder público hiciera lo que tiene a su alcance y es su obligación?

Si pudiéramos responder a todas estas preguntas afirmativamente, sólo entonces, el mandato constitucional que nos dejaran nuestros predecesores —que no es una cosa menor sino la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico— se vería cumplido. Sólo entonces, estaríamos ofreciendo a la ciudadanía española una política pública efectiva, que no es otra cosa que una garantía infranqueable de protección de derechos, igualdad y justicia.