Este es el tipo de licitaciones públicas de Costa Rica que molestan a Estados Unidos
Estados Unidos enlistó, en marzo pasado, seis barreras comerciales que impone Costa Rica a los exportadores y empresas estadounidenses, entre ellas una relacionada con las licitaciones públicas.
Los obstáculos comerciales están detallados en el informe Estimación Nacional de Comercio (NTE, por sus siglas en inglés), publicado el 31 de marzo por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).
Al referirse a las licitaciones públicas, el documento señala que las compañías estadounidenses enfrentan desventajas en Costa Rica por las adjudicaciones directas a empresas públicas costarricenses, especialmente en los sectores de tecnologías de la información, telecomunicaciones y seguros.
El NTE apunta que el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública permite adjudicar contratos sin competencia a entidades públicas si los funcionarios certifican que la adjudicación representa un uso eficiente de los fondos públicos. “Estados Unidos ha abordado estos temas con Costa Rica”, añade el documento.
Estos son algunos concursos de licitaciones que han desarrollado empresas públicas:
Los contratos adjudicados por instituciones públicas a Radiográfica Costarricense (Racsa). Entre 2020 y 2024, la empresa estatal ganó concesiones por ¢3.659 millones con otras entidades del sector público en su mayoría mediante contratación directa, según lo detalla el Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC), de la Contraloría General de la República (CGR), y el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En febrero del 2024, la contralora general, Marta Acosta, explicó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que la vía pretendida por el gobierno para comprar escáneres antidrogas a Racsa habría permitido contratar a un tercero sin un concurso público.
Por esa razón, en diciembre pasado la Contraloría ordenó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) detener de inmediato el proceso.
Chaves alegó que esa decisión se fundamentó en una interpretación de la ley y consideró que la CGR debió hacer una fiscalización posterior. “Si hubiese corrupción en escáneres de Racsa, metan a la cárcel a quien tengan que meter, pero se enfocaron en la letrita; eso es lo que yo entiendo”, reclamó en ese momento el mandatario.
Por otra parte, en junio del 2023, La Nación reveló que la Agencia de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) tenía en su poder contratos de publicidad estatal que, en conjunto, sumaban ¢7.925 millones.
Las millonarias licitaciones se establecieron con 14 instituciones públicas para colocar y distribuir pauta del Estado, manejar redes sociales, realizar campañas publicitarias, producir videos y grabar cuñas radiales.
En octubre del 2023, la Contraloría pidió información adicional al Sinart sobre los contratos de publicidad estatal que suscribió su agencia comercial con las diferentes instituciones públicas.