La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ha decidido dejar a la Abogacía del Estado y ha optado por contratar como abogado al que fuera fiscal de la Audiencia Nacional (AN) Daniel Campos para defenderla en la causa donde el Tribunal Supremo (TS) la investiga junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , por una presunta revelación de secretos. Así consta en una diligencia de ordenación donde se da cuenta de que Campos será ahora quien ejerza la dirección letrada de la defensa de Rodríguez. La fiscal es, junto a García Ortiz, la única imputada en la causa que dirige el magistrado del TS Ángel Hurtado por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde un principio, ambos han estado representados por la Abogacía del Estado, si bien Rodríguez ha decidido cambiar de cara a lo que fuentes jurídicas señalan ya como la recta final de las pesquisas. García Ortiz, en cambio, continúa defendido por los Servicios Jurídicos del Estado. Por otro lado, en otra resolución, el instructor rechaza una serie de diligencias solicitadas por el propio González Amador y por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) , que ejerce la acusación popular. La pareja de Díaz Ayuso pedía analizar el archivo de Word con la nota de prensa emitida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, donde se detallaba el intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales, un comunicado que se investiga como parte de la presunta revelación de secretos . La acusación particular buscaba que se examinara el archivo enviado vía WhatsApp por García Ortiz a Rodríguez a las 00:12 horas del 14 de marzo de 2024 para determinar si los metadatos permiten conocer la fecha de creación, el autor y las modificaciones del documento. No obstante, Hurtado lo rechaza porque no se indica «la relevancia» de dicha diligencia. También desestima, por los mismos motivos, las solicitadas por la APIF. La asociación de fiscales interesaba revisar el teléfono móvil de García Ortiz para ver si constan una serie de números de teléfono, entre ellos los de la ex asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas. La APIF también emplazaba a Hurtado a requerir a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador, recordando en este sentido que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó que «debían existir necesariamente tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado». La acusación popular esgrimía que, «como quiera que dichos expedientes deben estar acompañados de los correos electrónicos y firmados digitalmente», «aportarán una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial, qué se sabía o no, o qué se dejó de incluir y la motivación real de cada uno de los intervinientes en las comunicaciones». «Como en el caso de la anterior diligencia, tampoco se indica la eventual incidencia que pueda tener, o hasta qué punto pueda ser relevante, de cara a la decisión de dictar el auto de pase a procedimiento abreviado, que es lo que se nos está pidiendo», responde Hurtado, recordando que en ese mismo escrito la APIF le instó a procesar ya a García Ortiz.
