Sanctuary Lodge de Machu Picchu seguirá en manos de Belmond por tiempo indefinido
El pasado 16 de mayo, Machu Picchu fue escenario de una jornada tensa, marcada por la incertidumbre y un fuerte despliegue policial, tras el vencimiento del contrato de concesión del hotel Sanctuary Lodge, operado por la cadena Perú Belmond Hotels. A pesar de la expectativa de posibles protestas, solo tres manifestantes se presentaron con pancartas pacíficas, mientras más de 60 efectivos policiales se apostaron en la entrada de la ciudadela inca, generando confusión entre los turistas.
Este episodio representa el más reciente capítulo de una controversia que ha escalado del ámbito administrativo al judicial. Aunque el contrato de concesión del exclusivo hotel ha vencido oficialmente, Belmond continúa operando el inmueble, amparada en una medida cautelar emitida por el Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima, a cargo de la jueza Silvya Llaque Napa. Dicha medida ordena al Gobierno Regional del Cusco abstenerse de recuperar el bien público hasta que se resuelva el arbitraje iniciado por la empresa hotelera ante la Cámara de Comercio de Lima.
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Belmond, cadena vinculada al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, busca una extensión de 64 meses en la administración del hotel, alegando pérdidas económicas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y por protestas sociales. Mientras tanto, las autoridades cusqueñas han manifestado su intención de recuperar el control del establecimiento.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, ha sido enfático en señalar que no permitirá una ampliación irregular de la concesión y ha responsabilizado a Belmond de generar un ambiente de convulsión social.
Denuncia a autoridades y dirigentes
Por su parte, la empresa ha rechazado las acusaciones, calificando la postura del gobernador como “intransigente e infundada”, y ha advertido que cualquier intento de desalojo sin agotar las vías legales constituiría una acción arbitraria. En ese sentido, presentó ante el Ministerio Público una denuncia preventiva contra el gobernador Werner Salcedo y los dirigentes sociales Héctor Calla y Alfredo Cornejo, acusándolos de presuntamente planificar actos violentos ante el vencimiento del contrato de concesión. La denuncia incluye posibles delitos como homicidio, disturbios y abuso de autoridad.
La movilización policial del último fin de semana fue solicitada por la propia empresa ante el temor de manifestaciones. El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu, encabezado por el exalcalde Darwin Baca, calificó el despliegue como innecesario y denunció una campaña de criminalización contra la protesta social. “Tenemos 84 vecinos denunciados penalmente por defender el derecho a los bienes públicos”, indicó.
Asimismo, cuestionó la ausencia del gobernador regional y de los integrantes de la Comisión de Transferencia, calificando como negligente la estrategia de las autoridades para recuperar el bien estatal.
"En ocho meses tendremos a un nuevo operador"
Tras la tensión vivida en Machu Picchu, el gobernador Salcedo Álvarez argumentó que la comisión de transferencia no se presentó por respeto a las leyes y debido a la denuncia penal (preventiva) interpuesta en su contra. Asimismo, señaló presuntas irregularidades en la medida cautelar que favorece a Belmond. “Hay rumores de que la jueza fue compañera de trabajo del asesor del alcalde de Lima. De ser así, estaríamos ante una medida que obedece a intereses”, señaló.
El mandatario regional confirmó que el grupo inglés Louis Vuitton Moët Hennessy, accionista del 50 % de Belmond, solicitó una reunión, posibilidad que no descartó, siempre y cuando desistan de sus acciones ante la Cámara de Comercio de Lima y el Poder Judicial. Finalmente, Salcedo aseguró que el arbitraje y la medida cautelar no han frenado el proceso de licitación y que se cuenta con un cronograma para su realización. “Tenemos un promedio de ocho meses para contar con el nuevo operador del hotel Sanctuary Lodge”, concluyó.
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Futuro en suspenso
Por ahora, el futuro del hotel permanece en suspenso, mientras se resuelve el arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima y se mantiene vigente la resolución judicial que protege a Belmond. El desenlace dependerá de los próximos movimientos judiciales y administrativos, así como de la capacidad del Gobierno Regional del Cusco para hacer valer sus derechos.
Asimismo, se está a la espera de que el Poder Judicial resuelva la oposición presentada contra la medida cautelar del Décimo Segundo Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima.