El Senado ha dado luz verde este miércoles a la toma en consideración de sendas proposiciones de ley del Partido Popular para obligar a los etarras condenados a que acrediten documentalmente su arrepentimiento , pidan perdón y rechacen el terror si quieren presentarse en listas electorales y, además, reforzar la defensa y el honor de las víctimas, prohibiendo homenajes y otras muestras de apoyo a terroristas. Los populares han hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para sacar adelante ambas iniciativas, que han contado con el apoyo de Vox y UPN (147 votos a favor), pero con el rechazo del PSOE y sus socios (103 en contra), que anunciaron ayer su voto en contra alegando que «hay cosas incluidas en el texto que ya se contemplan» y que, al margen de esto, algunas de las medidas propuestas «atentan contra principios de la Constitución». Las leyes tienen pocos visos de prosperar en el Congreso de los Diputados por la oposición del bloque de investidura de Pedro Sánchez. De hecho, es la segunda vez en el último año que el PP presenta una iniciativa de reforma de la Ley Electoral para vetar a los etarras no arrepentidos, después de que el pasado 15 de octubre de 2024 la Cámara Baja tumbara la propuesta con 174 votos en contra y en medio de duros reproches. La propuesta del PP pretende evitar que vuelva a ocurrir una circunstancia similar a la de 2023, cuando las listas y papeleteas electorales de EH Bildu para los comicios municipales y autonómicos del 28-M recogían los nombres de 44 etarras condenados , incluyendo los de siete condenados por delitos de sangre. En concreto, el PP pretende añadir un tercer grupo de personas ineligibles en un proceso electoral, además de de aquellos que aún no hayan cumplido la condena o los que no tengan sentencia firme. «Los que habiendo sido condenados y cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo no acreditaran documentalmente en el momento de la presentación de la candidatura de la que pretendan formar parte su rechazo al terrorismo, a su justificación a sus fines y a sus medios; su arrepentimiento por los actos terroristas realizados o justificados; su solicitud de perdón a las víctimas por los mismos y su compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes hasta su resolución», recoge la proposición de ley, como avanzó ABC este lunes. El martes, durante el debate de las leyes, el senador popular Carlos Yécora defendió que esas iniciativas surgen del «estupor» y la «indignación» que supone «para todos los españoles» ver cómo estos presos participan de la vida pública. Explicó, además, que la primera de las propuestas reclama al Ejecutivo central que verifique estos arrepentimientos de las personas incluidas en las listas, «pero el Gobierno actual depende de quienes se pueden ver afectados por esta medida». El segundo texto propone reformar hasta cuatro leyes (Ley del Derecho de Reunión; la de Protección de Seguridad Ciudadana; la Ley General Penitenciaria; y el Código Penal) para, entre otros objetivos, «reforzar la defensa y el honor a las víctimas, prohibiendo expresamente cualquier tipo de homenaje o símbolo que supongan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».
