Organizaciones feministas exigen aprobación del Reglamento de Objeción de Conciencia

A un año del ingreso del nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia a la Contraloría General de la República, diversas organizaciones feministas y de derechos humanos alzaron la voz para exigir su pronta aprobación y denunciar la demora que está afectando directamente el acceso al aborto legal en Chile, tal como lo establece la Ley 21.030 bajo las tres causales: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación.

Por medio de un comunicado, firmado por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Corporación Miles, Observatorio de Género y Equidad, Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, APROFA, Corporación Humanas, Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Colectiva Feminista La Grupa – Collipulli, Red Católicas por el Derecho a Decidir de América Latina y el Caribe, entre otras organizaciones, se denuncia el extenso período de tramitación que —afirman— cuesta dignidad, salud y derechos a mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

En ese sentido, la misiva señala que “cada día sin actualización del reglamento es un día en que se siguen vulnerando derechos humanos bajo la excusa de una regulación deficiente” y sostiene que cada jornada de espera “es una más en que una niña violada puede ser forzada a parir, o una mujer con diagnóstico de inviabilidad fetal debe peregrinar por la red de salud para ejercer un derecho garantizado por ley, pero no siempre garantizado en la práctica”.

“La normativa actual permite que profesionales de la salud, incluso en servicios públicos, nieguen el acceso al aborto legal, amparándose en una interpretación extensiva y permisiva de la objeción de conciencia. En algunos hospitales del país, más del 45% del personal ginecológico se declara objetor ante la causal de violación, lo que imposibilita una atención adecuada”, señala el texto.

El comunicado también cuestiona: “¿Cómo se puede ejercer el derecho si no hay quien lo garantice? ¿Cuánto más se va a dilatar una decisión política que debiese ser técnica, ética y urgente?”

Las organizaciones firmantes exigen a la Contraloría General de la República que “dé curso a la toma de razón del nuevo reglamento” y subrayan que “este documento no restringe la libertad de conciencia personal, pero regula aspectos clave para garantizar el derecho de las personas a la salud y el acceso a una atención oportuna, digna y legal, como mandata la ley vigente”.

Finalmente, el texto hace hincapié en que el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas y normativas que hagan efectivo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos por ley.